Una niña de tan solo 12 años, víctima de violación y embarazada como resultado de este acto atroz, se encuentra en una situación desesperada en las instalaciones de la Secretaría de Salud de Jalisco, lleva más de diez días internada, sin poder acceder al procedimiento de interrupción del embarazo que su familia ha solicitado insistentemente desde su llegada a Guadalajara.
Con entre 25 y 27 semanas de gestación, la niña se encuentra en el umbral del tercer trimestre de su embarazo, lo que ha desencadenado una serie de obstáculos por parte de las autoridades médicas, Patricia Ortega, integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser), ha denunciado que el personal médico ha intentado persuadir a la niña para que escuche los latidos del feto o considere la adopción, en lugar de respetar su derecho a interrumpir este embarazo no deseado.
Según Ortega, la autoridad sanitaria ha justificado su inacción argumentando la falta de personal capacitado para proceder con el aborto, dada la combinación de semanas de gestación y la corta edad de la niña, sin embargo, desde 2017 existe en Jalisco el Programa de Interrupción del Embarazo (Pile), diseñado específicamente para casos como este, que no establece límites de tiempo para solicitar la interrupción del embarazo.
El protocolo oficial publicado por la Secretaría de Salud garantiza atención inmediata a todas las solicitantes, independientemente de las semanas de gestación, además, el Código Penal del Estado de Jalisco no establece límites temporales para las víctimas de violación que soliciten la interrupción del embarazo.
Ortega ha expresado su indignación ante la insensibilidad de las autoridades, quienes parecen preocuparse más por el proceso de gestación que por el bienestar físico y mental de la niña, la organización Ddeser insiste en que la menor debería acceder al servicio bajo cualquiera de las causales permitidas, dada su condición de víctima de violación y el evidente riesgo para su salud.
En casos anteriores, cuando las autoridades en Jalisco no podían realizar la interrupción del embarazo, optaban por trasladar a la solicitante a la Ciudad de México, sin embargo, en esta ocasión, esa alternativa no ha sido ofrecida a la menor, este patrón de negligencia sugiere una falta de compromiso por parte de la Secretaría de Salud en cumplir con su propia legislación y brindar atención médica oportuna y adecuada a las víctimas de violencia sexual.
La situación ha generado preocupación entre defensores de los derechos humanos y activistas, quienes temen que la niña sea forzada a llevar a término un embarazo no deseado debido a la inacción y la burocracia estatal.
En palabras de Ortega, «Pareciera que la Secretaría de Salud no quiere dejar un antecedente de una interrupción en el tercer trimestre», lo que plantea serias interrogantes sobre el compromiso del gobierno de Jalisco con la protección de los derechos de las mujeres y niñas en situaciones de vulnerabilidad.
