En una sesión que transcurrió durante la madrugada, el Senado de la República de México aprobó sin discusión alguna una reforma que prohíbe las terapias de conversión y establece penas de dos a seis años de cárcel para quienes las realicen. Con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones, el dictamen fue aprobado tanto en lo particular como en lo general y ahora espera la promulgación por parte del Ejecutivo federal.
La iniciativa recibió un amplio respaldo de senadoras pertenecientes a distintos partidos políticos como el Partido Verde, el PES, Morena y Movimiento Ciudadano, quienes hicieron hincapié en la importancia de incluir sus posicionamientos en el Diario de Debates.
La senadora Martha Lucía Micher Camarena, representante de Morena, celebró anticipadamente la aprobación de la reforma desde su escaño, destacando el compromiso de su grupo parlamentario con la igualdad y el respeto a la diversidad sexual. «Es un día de fiesta para toda la gente, para todas las personas que tienen derecho a amar a quien quieran y como quieran», expresó Micher.
La reforma implica la adición del artículo 209 Quintus al Código Penal Federal y del artículo 465 Ter a la Ley General de Salud. En términos concretos, establece penas de dos a seis años de prisión y multas económicas para quienes realicen las denominadas terapias de conversión sexual. Estas sanciones se duplicarán en casos que involucren a personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con discapacidad, así como cuando el autor utilice violencia física o su posición laboral para cometer el delito.
Además, la modificación a la Ley General de Salud contempla sanciones y suspensión laboral de uno a tres años para profesionales de la salud que lleven a cabo estas prácticas.
Las terapias de conversión, que pretenden cambiar la orientación sexual o identidad de género de las personas, han sido objeto de críticas y condenas por parte de organizaciones de salud y derechos humanos. La Organización Panamericana de la Salud y la Asociación Mundial de Psiquiatría han señalado que carecen de fundamentos médicos y científicos, representando una amenaza para la salud y los derechos humanos de las personas.
Con esta reforma, México da un paso significativo en la protección de los derechos de la comunidad LGBT+ y en la promoción de la igualdad y el respeto a la diversidad sexual.
