En su último informe, la Agencia de Administración de Control de Drogas (DEA) del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha destacado el crecimiento de los poderosos cárteles mexicanos y su expansión por todo el territorio estadounidense. La agencia antinarcóticos advierte que cárteles como el de Sinaloa y Jalisco están subcontratando a profesionales especializados en el sistema financiero internacional para blanquear su dinero ilícito.
Según la Evaluación Nacional para la Amenaza de las Drogas (NDTA), los lavadores y corredores de dinero criminales contratados por estos cárteles pueden ofrecer «pagos rápidos y por adelantado» a los traficantes, a la vez que se encargan de infiltrar el dinero en instituciones financieras desde dentro de Estados Unidos.
El informe indica que estos lavadores de dinero suelen trabajar para múltiples organizaciones criminales, no necesariamente todas relacionadas con el narcotráfico, utilizando redes de lavado de dinero que abarcan varios países.
La publicación de este informe coincide con las recientes críticas de Anne Milgram, jefa de la DEA, hacia el gobierno de México por los retrasos en las visas de trabajo para sus agentes. Estas críticas provocaron una respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien calificó las afirmaciones como una «exageración» y reiteró la independencia de México en asuntos de política interna.
Sin embargo, esta tensión entre la DEA y el Gobierno Federal no es nueva, sino que se suma a una relación turbulenta que ha existido desde el inicio del sexenio de López Obrador.
