El 21 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) autorizó al Congreso de Nuevo León a iniciar un juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda. La solicitud de juicio político fue presentada el año pasado por la Comisión Anticorrupción debido a que García no había enviado el Paquete Fiscal 2023. Sin embargo, García no será separado del cargo mientras dure el proceso.

Tras la decisión de la SCJN, García instó a los ciudadanos a votar por un Congreso aliado en las próximas elecciones para evitar el juicio político en su contra. En un video, exhortó a votar por Movimiento Ciudadano (MC) y a desplazar a los representantes del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a quienes se refirió como «la vieja política».

El 22 de mayo, García difundió una carta en redes sociales explicando la situación del juicio político y defendiendo su administración. En su escrito, denunció los intentos de «la vieja política» de controlar el Congreso, el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía del Estado y otros organismos autónomos. Acusó a PRI y PAN de intentar condicionar la aprobación del presupuesto y de nombrar funcionarios afines en puestos clave para mantener el control y la impunidad.

García también señaló que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ha perseguido a funcionarios de su gabinete, fabricándoles hasta 100 carpetas de investigación para protegerse de posibles indagaciones sobre actos de corrupción anteriores a su administración. Según García, estos intentos de desestabilizar su gobierno y recuperar el control del estado por parte de PRI y PAN han fracasado debido a que su administración se mantiene incorruptible y respeta la ley.

El gobernador lamentó que Nuevo León esté pasando por un momento donde la «vieja política» está secuestrando las instituciones, pero reafirmó su compromiso de construir un mejor estado. Aseguró que concluirá su mandato y agradeció a quienes han confiado en él para dirigir el rumbo del estado.

Samuel García enfrenta un juicio político en un contexto de intensa confrontación con las fuerzas políticas tradicionales de Nuevo León. Sus llamados a la ciudadanía y su defensa pública destacan un clima de polarización y un debate sobre el futuro de la gobernabilidad en el estado. Mientras tanto, el proceso judicial sigue su curso, y la situación política en Nuevo León permanece tensa.