El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el traslado de 2.000 pandilleros más al Centro del Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de alta seguridad con capacidad para 40.000 reclusos y considerada la más grande de América según el mandatario. Estos pandilleros fueron movidos desde las prisiones en Izalco, Ciudad Barrios y San Vicente.
Bukele afirmó en su cuenta en la red social X que los detenidos en el Cecot pagarán por sus crímenes sin posibilidad de comunicarse con el exterior o de ordenar crímenes desde la cárcel. Sin embargo, las autoridades de Seguridad del país no habían informado previamente sobre este traslado y los detalles del movimiento no se han especificado.
Este traslado es el tercero desde la inauguración del Cecot a finales de enero del año pasado, con movimientos anteriores en febrero y marzo del mismo año. La construcción de esta cárcel ha sido criticada por la oposición debido a la falta de transparencia y la aprobación de una ley que permitió omitir controles usuales en obras estatales.
El Cecot fue construido en el marco de un régimen de excepción implementado en marzo de 2022 para combatir a las pandillas tras una escalada de homicidios. Este régimen, que ha sido extendido 26 veces por periodos de 30 días a petición del Gobierno, ha resultado en más de 80.000 detenciones. De estas, más de 7.000 personas han sido liberadas condicionalmente.
El Gobierno atribuye la disminución de la violencia a este régimen, que suspende derechos como la defensa de los detenidos y la inviolabilidad de las comunicaciones. Sin embargo, organizaciones humanitarias han recibido más de 6.000 denuncias de violaciones a derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones de corta duración.
A pesar de las críticas, la medida ha logrado una notable reducción de los homicidios, comenzada en 2016 por administraciones anteriores, y cuenta con un amplio apoyo popular. Esta reducción en la violencia ha sido un punto clave en la campaña de Bukele para su reelección, a pesar de que la Constitución salvadoreña prohíbe la reelección inmediata.
