Luisiana se ha convertido en el primer estado de Estados Unidos donde los jueces pueden ordenar la castración quirúrgica de delincuentes condenados por ciertos delitos sexuales contra menores, según una nueva ley promulgada por el gobernador republicano Jeff Landry.
Aunque la castración quirúrgica se utiliza en otros países conocidos por sus penas severas, como la República Checa y Nigeria, será una novedad en Estados Unidos. La oficina del gobernador confirmó a The Associated Press que Landry había firmado la ley esta semana.
Los impulsores de la ley en Luisiana, que entrará en vigor el 1 de agosto, esperan que este nuevo castigo disuada a los posibles agresores sexuales contra menores. Sin embargo, sus críticos argumentan que es un castigo «cruel e inusual» que podría enfrentar desafíos legales basados en la Constitución de Estados Unidos.
La ley otorga a los jueces de Luisiana la facultad de ordenar la castración quirúrgica después de que una persona haya sido declarada culpable de ciertos delitos sexuales graves, como violación, incesto o abuso sexual contra niños menores de 13 años. Este castigo no es automático y queda a discreción del juez según cada caso.
En Luisiana, actualmente hay 2,224 personas encarceladas por este tipo de delitos. La nueva ley solo se aplicará a los delitos cometidos a partir del 1 de agosto de este año.
Algunos estados, incluidos Luisiana, California, Florida y Texas, tienen leyes que permiten la castración química para ciertos delitos sexuales, donde los delincuentes pueden optar por este tratamiento si lo desean. Sin embargo, Luisiana es el único estado que permite a los jueces imponer directamente la castración quirúrgica, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.
La castración química utiliza medicamentos para bloquear la producción de testosterona y reducir el deseo sexual, mientras que la castración quirúrgica es un procedimiento más invasivo que implica la extirpación de los testículos o los ovarios.
El proyecto de ley recibió un amplio apoyo en ambas cámaras de la legislatura estatal, donde los republicanos tienen mayoría. Aunque la senadora estatal demócrata Regina Barrow fue la autora de la propuesta, la oposición provino principalmente de legisladores demócratas.
Barrow destacó durante una reunión de comité en abril la gravedad de los delitos sexuales contra menores: «Estamos hablando de bebés que son violados por alguien. Eso es inaceptable».
