En el escenario pintoresco de la costa campechana de Champotón, un nombre ha resonado con intensidad en los últimos años: Alejandro Moreno, conocido popularmente como «Alito». Sin embargo, su notoriedad reciente no se debe únicamente a su controvertida reelección como líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ni a las acusaciones de enriquecimiento ilícito que enfrenta. Más bien, la atención se ha centrado en un terreno de 30 hectáreas que ha adquirido en la idílica zona de Playa Esmeralda, desatando una serie de interrogantes sobre los procesos legales y las concesiones federales.
La historia de «Playa Alito» se remonta a 2014, cuando Alejandro Moreno adquirió un extenso terreno de 305 mil metros cuadrados en la codiciada área costera de Champotón. Sorprendentemente, el precio de compra fue de tan solo 100 mil pesos, lo que equivale a aproximadamente 33 centavos por metro cuadrado. Este valor irrisorio contrasta significativamente con el precio actual del suelo en la región, que oscila entre mil 250 y mil 500 pesos por metro cuadrado, situando potencialmente el valor del terreno en cientos de millones de pesos.
Uno de los puntos más controvertidos del caso es el permiso otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para el usufructo de la zona federal marítimo terrestre. Este permiso, que permite la instalación de palapas y el disfrute del área por al menos 15 años, fue expedido por Mariana Boy, quien en ese entonces era directora de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros. La relación entre Alejandro Moreno y Mariana Boy ha levantado sospechas, especialmente debido a las acusaciones de favoritismo y posibles conflictos de interés.
Ante las críticas y las investigaciones en curso, Alejandro Moreno ha argumentado que la propiedad realmente pertenece a su madre. Sin embargo, documentos oficiales revelan que fue él quien solicitó la concesión el 5 de noviembre de 2014, poco después de la compra del terreno. Esta discrepancia entre la propiedad legal y la titularidad del permiso federal ha generado aún más dudas sobre la transparencia de las transacciones inmobiliarias en la zona.
La zona de Playa Esmeralda, donde se encuentra «Playa Alito», no es ajena a controversias previas en cuanto a desarrollos inmobiliarios y concesiones federales. El proyecto de Aak Bal, iniciado durante el sexenio de Vicente Fox y finalizado por ICA en 2014 tras disputas legales con la empresa española Mall, es un ejemplo destacado. Este contexto de proyectos turísticos y disputas legales añade una capa adicional de complejidad al caso de Alejandro Moreno y sus adquisiciones en la región.
Las declaraciones de la gobernadora Layda Sansores y del entonces fiscal Renato Sales en abril de 2022 subrayaron la seriedad de las acusaciones contra Alejandro Moreno. Aunque se mencionaron detalles sobre el supuesto enriquecimiento ilícito relacionado con la adquisición del terreno, las críticas se intensificaron debido a la falta de claridad en torno al permiso federal otorgado por Mariana Boy.
La saga de «Playa Alito» no solo ilustra las complejidades del sistema legal y administrativo mexicano en cuanto a concesiones y desarrollo inmobiliario, sino que también pone de relieve las tensiones entre el poder político y el escrutinio público. Las investigaciones en curso y las respuestas de las autoridades seguirán siendo temas de interés y debate en los próximos meses, mientras la opinión pública espera claridad y transparencia en un caso que podría tener implicaciones significativas para la política y la justicia en México.
Con el caso de «Playa Alito» en pleno desarrollo, la atención nacional e internacional se centra en las próximas acciones de las autoridades competentes y en las respuestas del propio Alejandro Moreno. Mientras tanto, la costa de Champotón, con su belleza natural y sus controversias legales, continúa siendo un punto focal de discusión y debate sobre los límites del poder político y la ética en el país.
