En México, las tensiones entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el Poder Judicial se intensifican debido a revelaciones recientes sobre la práctica de jueces que liberan a presuntos delincuentes durante fines de semana, conocida coloquialmente como ‘sabadazo’. Según datos oficiales presentados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, desde el inicio del sexenio se han registrado 192 casos de estas liberaciones exprés, contrastando con menos de 60 liberaciones entre semana en el mismo periodo.
Este fenómeno ha suscitado una fuerte reacción por parte del presidente López Obrador, quien ha calificado estas acciones como vergonzosas y señales claras de corrupción dentro del sistema judicial. Durante la conferencia de prensa de este martes 23 de Julio, el Subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, detalló varios casos emblemáticos, incluyendo el de Jannet Miriam “N”, colaboradora del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, acusada de peculado y delincuencia organizada. Jannet Miriam fue liberada un viernes, aprovechando el ‘Sabadazo’, antes de que las autoridades pudieran revisar exhaustivamente sus otros casos pendientes.
Además de casos vinculados a narcotraficantes y miembros de carteles como el CJNG, también se han expuesto situaciones de jueces como Angélica Sánchez Hernández, quien enfrenta acusaciones por liberar a Itiel “N”, presuntamente involucrado en el homicidio de un diputado local en Veracruz. Estos episodios han generado un debate acalorado sobre la integridad del sistema judicial mexicano y han llevado al gobierno a intensificar sus esfuerzos para reformar y supervisar más de cerca las decisiones judiciales que podrían socavar la seguridad pública y la confianza en el Estado de derecho.
Ante estas revelaciones, López Obrador ha prometido una revisión exhaustiva de los procedimientos judiciales y una mayor transparencia en el manejo de casos sensibles que involucran delitos graves. Sin embargo, persisten preocupaciones sobre la independencia judicial y la necesidad de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas para evitar la impunidad y garantizar la justicia equitativa para todos los mexicanos.
