El Parlamento de Turquía ha aprobado este martes una polémica ley que busca poner fin a la presencia de perros callejeros en las ciudades y el campo, al obligar a los ayuntamientos a capturar a los animales y trasladarlos a perreras.
La ley, que suscitó un amplio rechazo en la oposición y parte de la población, fue adoptada en la madrugada de hoy con 274 votos de los dos partidos de la coalición gubernamental, el islamista AKP y el ultranacioinalista MHP, y 224 en contra.
El Ministerio de Agricultura y Bosques estima que en Turquía viven unos cuatro millones de perros sin dueño, sin que sea posible controlar las población mediante campañas de esterilización que, señala, no superan una media de 260.000 intervenciones al año.
En consonancia con la legislación vigente hasta ahora, las autoridades capturan a los animales callejeros, sobre todo a los perros, para vacunarlos y esterilizarlos antes de volver a dejarlos en libertad.
En los últimos años han aumentado las protestas de ciudadanos que consideran a los perros asilvestrados un peligro, principalmente por las muchas decenas de muertes que causan al año.
Sin embargo, al respecto no hay cifras precisas y las recopilaciones de casos incluyen accidentes de tráfico y niños atropellados por un coche cuando huían de un perro.
Numerosos ciudadanos que tienen por hábito alimentar a manadas de perros en la periferia de los ciudades o pueblos sostienen que estos animales casi nunca son agresivos.
Aún así, el Gobierno del presidente del país, el islamista Recep Tayyip Erdogan, ha prometido «limpiar las calles» y trasladar a todos los perros a perreras para que puedan ser adoptados.
El borrador inicial de la ley preveía sacrificar a los perros que no encontrasen dueño en un plazo de 30 días, pero esta cláusula fue eliminada tras recibir duras críticas incluso de grupos islamistas aliados de Erdogan.
La ley aprobada hoy solo permite sacrificar a animales que padezcan enfermedades incurables, representen un riesgo agudo de contagio o supongan un peligro incontrolable para la vida y salud humana o de otros animales.
Sin embargo, la oposición teme que la obligación de encerrar a millones de perros conduzca a un hacinamiento insostenible en las perreras que forzaría el sacrificio de los animales, ya que la ley no contempla la opción de volver a dejarlos en libertad.
Actualmente hay 250 refugios con capacidad para 90.000 perros en toda Turquía.
La nueva ley obliga a todos los ayuntamientos de más de 25.000 habitantes a construir nuevas perreras hasta finales de 2028, y prevé penas que van desde elevadas multas hasta la cárcel en caso de incumplimiento de esta disposición.
El mayor partido opositor, el socialdemócrata CHP, anunció que impugnará la ley ante el Tribunal Constitucional por considerar que «vulnera el derecho a la vida».
«Mientras tanto, nuestros ayuntamientos seguirán haciendo su trabajo como hasta ahora», dijo Özgür Özel, el jefe del CHP, al terminar el largo debate parlamentario, que comenzó en la tarde del domingo y se prolongó durante dos días.
