El libro ‘Permiso para matar’ documenta 1.850 asesinatos y desapariciones forzadas de las fuerzas de seguridad mexicanas contra civiles desde la ‘Guerra contra el narco’ en 2006, un hecho que sus autores pretenden llevar a la Corte Penal Internacional (CPI), según cuentan en una entrevista a EFE.
«Que el libro llegue a la Corte Penal Internacional es para nosotros la mejor forma de terminar la investigación porque creemos que aquí hay información para que la Corte pueda agilizar el análisis del caso mexicano y analizar lo que han hecho tres gobiernos ya en contra de la población civil», afirmó el periodista e investigador Daniel Moreno.
La obra, escrita también por Paris Martínez y Jacobo Dayán, se enfoca en las víctimas de la violencia del Estado desde que el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) inició la ‘Guerra contra el narco’ hasta ahora, bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), en la que siguen los atropellos.
Además, según expuso Moreno, la otra gran razón para publicar esta investigación «surge de la convicción de que en este país primero que nada hay que recuperar la memoria».
Les impulsa un afán por ofrecer a los familiares de las víctimas acompañamiento, pero también información sobre el destino de sus seres queridos que, en muchos casos, es una incógnita si se atienen a las investigaciones oficiales.
Tres gobiernos, una misma política
«Ha habido en lo esencial la misma estrategia de seguridad en los tres gobiernos, se les ha ofrecido la misma impunidad a los mandos responsables de matar o desaparecer inocentes», sostuvo Moreno.
El experto solo ve pequeños matices diferenciadores en las administraciones: Enrique Peña Nieto (2012-2018) impulsó la Policía Federal, y López Obrador hizo lo mismo con la Guardia Nacional.
Martínez advirtió de distintas formas de violencia y de que en la actualidad existe complicidad con el crimen organizado, como la entrega territorial por parte del Estado al narcotráfico a cambio de mantener la tranquilidad y bajar las cifras de homicidios, que bajo la presidencia de López Obrador ya superan un acumulado de 170.000.
«Estamos ante un escenario de Estado de excepción en donde las autoridades conscientemente han decidido poner en pausa su obligación al respeto de derechos constitucionales», afirmó el autor.
Señaló ejemplos en zonas de Guerrero o Chiapas, entidades del sur del país donde el Estado mexicano apenas tiene fuerza y los líderes del narcotráfico son la autoridad.
Para Martínez, los 1.850 casos de desapariciones forzadas y homicidios investigados en ‘Permiso para matar’ demuestran que los índices de violencia del Estado «responden a una estrategia que las autoridades han establecido primero en favor de sus intereses, pero también en favor de intereses criminales».
Y esto es lo que esperan que la CPI vea, que se trata de un problema sistémico en México.
Asesinatos con impunidad
«Los números que se manejan hoy son muy parecidos a los que se han manejado antes, nueve de cada 10 homicidios permanecen impunes», describió Moreno, quien aclaró que en el último sexenio no ha existido una estrategia que frene esto.
Los autores denunciaron la manipulación de las informaciones oficiales que tratan enfrentamientos de las fuerzas de seguridad que resultan en fallecimiento de civiles.
«De muchos de ellos salieron comunicados de cuatro párrafos donde simplemente decía que un grupo de policías se topó con un grupo de delincuentes y se agarraron a balazos», comentó el mismo autor, al referirse con sorna del «Ejército más eficiente del mundo, porque siempre caen de un solo lado los muertos».
Los escritores reconocieron que en su investigación muy probablemente se «quedan cortos» en las cifras documentadas porque los números que han ofrecido son parciales en un país donde en 18 años se han acumulado al menos más de 400.000 asesinados.
