Los familiares de los detenidos desaparecidos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) pidieron este viernes a las Fuerzas Armadas romper el «pacto de silencio» y colaborar en el Plan Nacional de Búsqueda lanzado hace justo un año por el Gobierno chileno.
Durante un acto en el Cementerio General frente al memorial de las víctimas del régimen, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Gaby Rivera, dijo que «las Fuerzas Armadas son instituciones jerárquicas» y que, por lo tanto, que no ejecutaron «acciones individuales», sino que «hubo una planificación que debe ser develada».
«La información está en las Fuerzas Armadas y hay que exigirla, señor presidente. (Hay que) romper ese pacto de silencio que hemos esperado 50 años y avanzar en verdad y justicia«, indicó la activista con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
La dictadura de Pinochet dejó al menos 3.200 opositores asesinados, de los que 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada. Tras décadas de búsqueda se encontraron e identificaron los restos de 307 y aún falta encontrar a otros 1.162, según las últimas cifras oficiales.
El principal escollo para avanzar en esta búsqueda ha sido la nula colaboración de los militares en las causas judiciales y la ausencia de una política estatal.
En ese sentido, el Gobierno del progresista Gabriel Boric presentó hace justo un año el Plan Nacional de Búsqueda, cuyo objetivo es «esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada, de manera sistemática y permanente, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales», según la web del programa.
Es la primera vez desde el retorno a la democracia que el Estado chileno asume la búsqueda de los desaparecidos, pues hasta ahora la tarea había estado a cargo de grupos de familiares, agrupaciones de víctimas de la dictadura y organizaciones de derechos humanos.
«Hemos arañado la tierra, hemos buscado en los ríos y las minas y hemos recorrido el desierto buscando a nuestros familiares (…) pero esta tarea no puede llevarse a cabo solo con los familiares. El Estado fue el que hizo desaparecer a nuestros familiares y es el que tiene que buscar hasta el último de los detenidos desaparecidos«, agregó Rivera.
Un año después de la implementación del plan, Boric anunció en el mismo acto que solicitará en los próximos días «levantar el secreto impuesto por ley a los documentos, testimonios y antecedentes» del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, también conocida como Comisión Valech.
El objetivo es que la información que recogió esa comisión, creada en 2003, se ponga a disposición de los tribunales de justicia y de las autoridades a cargo del Plan Nacional de Búsqueda.
«Son relatos del Chile que fuimos y nos enseñan también el Chile que queremos ser: un Chile libre y democrático, que cuida a sus ciudadanos», indicó el mandatario, quien en su discurso evitó pedir colaboración a los militares.
«Tenemos que hacer todos los esfuerzos para que este Plan Nacional de Búsqueda permanezca como una política de Estado independiente de quién nos suceda», agregó Boric, quien dejará el poder en marzo de 2026.
En Chile ha habido decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Pinochet, quien sin embargo murió en 2006 a los 91 años de edad sin ser condenado por su responsabilidad en los crímenes.
