El día de hoy, diputados de todos los partidos políticos aprobaron por mayoría calificada una reforma constitucional en materia de bienestar, que reduce de 68 a 65 años la edad mínima para comenzar a recibir la pensión de adultos mayores. La iniciativa fue turnada de inmediato al Senado.
Entre las modificaciones a los artículos 4 y 27 de la Constitución, se establece la obligación de la Federación y los estados de garantizar una pensión a personas con discapacidad permanente menores de 65 años, priorizando a aquellos con menos de 18 años. Además, se incluye el compromiso de entregar un jornal seguro a campesinos del programa Sembrando Vida, así como fertilizantes gratuitos a pequeños productores y apoyo anual a pescadores en pequeña escala. La reforma también asegura precios de garantía para maíz, frijol, leche, arroz y trigo.
Durante la discusión, se aprobó una reserva del PT que establece que la vivienda es un derecho inalienable para todos los mexicanos. Gabriel García Hernández, diputado de Morena, destacó que 9 millones de personas han salido de la pobreza gracias a los programas sociales, los cuales benefician a 30 millones de familias.
A pesar de que la oposición votó a favor de la reforma en general, criticaron el uso político de los programas sociales. Los panistas, encabezados por Federico Döring y Elías Lixa, denunciaron la falta de transparencia en la aplicación de estos programas y acusaron a Morena de utilizar estos recursos para controlar políticamente a la población.
Los priistas reivindicaron la creación de programas sociales, afirmando que su partido los fundó, el PAN los mejoró y que Morena se ha apropiado de ellos. Por su parte, Raúl Lozano, de Movimiento Ciudadano, instó a evitar el uso electoral de estos programas y la corrupción asociada.
La aprobación de esta reforma representa un paso significativo en las políticas de bienestar social en el país, aunque también ha desatado un intenso debate sobre la transparencia y el uso político de los programas sociales.
