El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, ha presentado una apelación formal para impugnar la sentencia de 460 meses (38 años y 4 meses) de prisión dictada en su contra en Estados Unidos. La solicitud fue registrada ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito el 30 de octubre de 2024, tras la sentencia emitida por el juez federal Brian Cogan el 16 de octubre en un tribunal de Brooklyn.
García Luna, quien fue el principal responsable de la lucha contra el narcotráfico en México entre 2006 y 2012 durante el gobierno de Felipe Calderón, fue condenado por aceptar sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa, liderado en ese momento por Joaquín “El Chapo” Guzmán. La condena fue el resultado de su participación en una red de protección y colaboración con organizaciones criminales, facilitando el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y encubriendo a miembros del cártel.
La defensa de García Luna, liderada por el abogado César de Castro, solicitó al juez que la pena no excediera el mínimo obligatorio de 20 años de prisión, argumentando que el exfuncionario ha estado encarcelado casi cinco años desde su arresto en 2019. En un documento judicial presentado el 25 de septiembre, de Castro señaló que “una sentencia de 20 años representaría la duración aproximada de toda la carrera del señor García Luna como servidor público del Gobierno mexicano”.
En su documento de apelación, García Luna busca impugnar tanto la condena como la sentencia impuesta. Este proceso permitirá que el caso sea revisado por el Segundo Circuito de Apelaciones, lo que abre la posibilidad de que el fallo sea modificado. Los fiscales estadounidenses habían solicitado una cadena perpetua, argumentando que la cooperación de García Luna con el Cártel de Sinaloa afectó significativamente la seguridad en México y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Sin embargo, el juez Cogan optó por una sentencia menor de 38 años.
Con esta apelación, García Luna intenta reducir su condena o anular el fallo en su contra, lo que podría marcar un nuevo capítulo en uno de los casos judiciales más significativos de exfuncionarios mexicanos en Estados Unidos.
