Altares adornados con las tradicionales flores anaranjadas de cempazuchitl, velas y pan de muertos se replicaron frente a las entradas de un buen número de centros de detención de ICE, manejados en su mayoría por compañías privadas como CoreCivic, que administra la cárcel migratoria de Otay Mesa, ubicado en la frontera de California y México.
“Lo humano y lo sensible es por lo menos venir a recordar sus nombres”, dijo a EFE la activista Adriana Jasso, del Comité de Servicios de los Amigos Americanos, mientras instalaba el altar con los nombres se los inmigrantes fallecidos en custodia en el centro de Otay.
Recordaron, por ejemplo, a Agustín Ramírez Arreola, un mexicano que pereció a los 46 años de edad en julio del 2018; y al ruso Igor Zyazin, que perdió la vida en el 2020 también a los 46 años de edad.
En el estado de Washington hoy se recuerda al mexicano José Manuel Sánchez Castro, que falleció el domingo pasado en el Centro de Detención del Noroeste, ubicado en la ciudad de Tacoma y que es operado por la compañía Geo Group.
Según los registros de la llamada al 911, a la que tuvo acceso La Resistencia, una organización defensora de los derechos civiles de esa zona, el inmigrante había estado por cinco días en aislamiento médico tras ser trasladado a ese centro.
El mexicano fue encontrado inconsciente pero aún respiraba cuando la enfermera llamó al servicio de emergencia. Los activistas concentran sus críticas en la deficiente respuesta médica de los centros de detención.
En San Francisco (California), grupos de derechos de los inmigrantes recordaron a las 19 personas muertas en las cárceles migratorias de Mesa Verde y Golden StateAnnex.
“Los centros de detención de inmigrantes son, sin lugar a dudas, lugares donde la violencia, el daño, el abuso y el abandono ocurren innecesariamente a diario causando un enorme sufrimiento”, dijo en un comunicado Deborah Lee, directora del Interfaith Movement for Human Integrity.
La activista recalcó que cuando no se corrigen estas fallas “esto conduce a muertes trágicas e innecesarias”.
En la conmemoración al norte del estado, las organizaciones demandaron que los ocho legisladores federales que representan el área de la Bahía de San Francisco actúen para detener los fallecimientos en detención.
En ese sentido, el director del comité en la frontera con México, Pedro Ríos, dijo a EFE que es “muy preocupante que el Gobierno de Estados Unidos siga dependiendo del uso de corporaciones para beneficiarlas con las detenciones de seres humanos, especialmente de personas que vienen huyendo de la violencia”.
Para el coordinador, mientras que los migrantes llegan al país para escapar de la violencia, cuando los detienen y las corporaciones de cárceles privadas les privan de la libertad, en realidad terminan por ser nuevamente víctimas de la violencia.
La preocupación entre los activistas se ha extendido tras las promesas de los dos candidatos a la Presidencia de EE.UU. de endurecer las políticas de control migratorio.
Hay 158 prisiones privadas en 27 estados, todas propiedad de las corporaciones CoreCivic y Geo Group, que en conjunto tuvieron el año pasado ingresos por 7.400 millones de dólares, incluido el ahorro en mantenimiento de sus instalaciones, para el que pagan a los detenidos en promedio 1 dólar por día.
Los centros de detenciones de esas corporaciones registran actualmente huelgas de parte de los detenidos que se quejan de mala alimentación y dificultades para el acceso a atención médica, entre otras.
Ríos dijo que en el caso de la muerte de Sánchez Castro y todos los demás fallecimientos en centros de detenciones manejados por empresas privadas se rige la ausencia de transparencia, pues mientras las instituciones públicas deben rendir cuentas, las corporaciones permanecen en privacidad.
