Una de las principales críticas a las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum ha sido la creciente militarización del país, que no se limita solo al ámbito de la seguridad pública. A pesar de las declaraciones de la presidenta Sheinbaum, quien defendió la presencia de las Fuerzas Armadas como un instrumento de paz y seguridad, expertos advierten que la militarización se ha extendido mucho más allá de lo que se reconoce públicamente.
René Gerez López, licenciado en derecho y experto en temas de seguridad, señala que más de 300 tareas civiles han sido asignadas a las Fuerzas Armadas, tareas para las cuales no fueron capacitadas. Este proceso de «militarización» no solo involucra el control de la seguridad pública, sino también áreas como la construcción de obra pública, el control de aduanas y, uno de los puntos más sensibles, la incorporación de militares al Instituto Nacional de Migración (INM).
“El problema no es solo la estrategia de seguridad, sino el alcance del gobierno que ha transferido tantas atribuciones a las Fuerzas Armadas”, explicó Gerez, destacando que el poder entregado a los militares va mucho más allá de lo que tradicionalmente les corresponde y abarca sectores que requieren especialización civil.
Migrantes, el nuevo «enemigo» en la mira militar
Uno de los aspectos más cuestionados es la integración de perfiles militares al INM, un cambio que ha generado preocupación sobre el trato a los migrantes. Según un informe de la Universidad Iberoamericana, esta militarización ha creado una «construcción simbólica» del migrante como un «enemigo externo», al que se le califica de manera despectiva y se le enfrenta con un arsenal militar.
El informe detalla el uso de armamento de alto calibre por parte de la Guardia Nacional, que aunque formalmente es presentada como una institución civil, de facto se comporta como una fuerza militar con un alto poder de fuego. Esto ha provocado situaciones de abuso de poder y violaciones a los derechos humanos de los migrantes. La legislación actual ha facultado a los agentes migratorios a realizar «presentaciones» de los migrantes irregulares, que en la práctica equivale a detenciones, con el uso de fuerza excesiva, incluyendo el empleo de tasers y otras armas de control.
Para los expertos, la situación refleja una contradicción con el derecho internacional, que establece que los migrantes no son delincuentes, sino personas que requieren protección internacional. El uso de fuerza y armas en su contra no solo está injustificado, sino que se traduce en constantes abusos de poder y violaciones a derechos humanos.
El debate sobre la militarización de México continúa siendo un tema clave, no solo por los efectos que tiene en la seguridad, sino por su impacto en derechos humanos y la expansión del poder militar en áreas civiles, algo que, según los expertos, podría tener consecuencias graves para el país.
