El Congreso de la Unión prevé aprobar esta semana la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales (INAI). Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que esta medida no afectará el derecho a la información, la falta de actualización y acceso a datos en la actual administración muestra lo contrario.
Por ejemplo, la Secretaría de Economía solo tiene accesible la información sobre concesiones mineras de San Luis Potosí, cuando antes era nacional. Diconsa y Liconsa tampoco ofrecen datos actualizados de sus operaciones, mientras que en Pemex, los contratos de empresas vinculadas a Adán Augusto López no están disponibles en su portal de transparencia.
Además, la Secretaría de Hacienda publicó recientemente el proyecto de presupuesto en un formato PDF de imagen, lo que dificulta su análisis. Otras dependencias, como Conade y la Secretaría de Agricultura, no actualizan sus datos desde 2017 y 2020, respectivamente.
A pesar de los avances en transparencia en las últimas dos décadas, la opacidad sigue siendo un problema. Con la desaparición del INAI, la Secretaría de la Función Pública asumirá la revisión de solicitudes de acceso a la información, lo que podría generar conflictos de interés. En 2022, se registraron más de 26 mil recursos de revisión, un récord histórico, lo que evidencia la falta de cumplimiento de las instituciones con la ley de transparencia.
Especialistas advierten que esta reforma afectará gravemente el acceso a la información pública, y que los ciudadanos deberán recurrir a amparos largos y costosos para obtener respuestas.
