De entre los más de 3.443 detenidos bajo detención administrativa, se encuentran unos 100 menores y unas 32 mujeres.
La detención administrativa es una práctica legal en Israel muy criticada por organizaciones de derechos humanos, aplicada únicamente en territorio ocupado, y permite encarcelar a personas sin cargos un máximo de seis meses -con opción a renovarla indefinidamente- sin abrir un juicio ni presentar cargos formales, ni tampoco se le da acceso a las pruebas en su contra.
Este viernes el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, suprimió la detención administrativa para colonos de Cisjordania ocupada, cuya presencia y ataques violentos contra los palestinos se ha incrementando en estos territorios desde el estallido de la guerra en Gaza.
«En una realidad en la que los asentamientos judíos en Judea y Samaria (término bíblico para Cisjordania) está sujeto a graves amenazas de terroristas palestinos y se toman sanciones internacionales injustificadas contra los colonos, no es apropiado que el Estado de Israel adopte una medida tan severa contra la población de los asentamientos», dijo el ministro Katz.
Así pues, esta medida de excepción, ampliamente criticada por la comunidad internacional, queda oficialmente restringida solo para usarse con palestinos, algo que en esencia ya ocurría en la práctica.
Desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, se han registrado más de 11.800 detenciones por parte de Israel, de las cuales 10.000 fueron bajo detención administrativa, de acuerdo con este informe.
Estas cifras incluyen tanto a los que permanecen entre rejas como a los que ya han sido liberados.
Asimismo, el informe sostiene que el mayor número de arrestos se produjeron en Jerusalén Este y en Hebrón, en el sur de la Cisjordania ocupada.
«Las campañas de arrestos se han caracterizado por una escalada de violaciones, incluidas palizas brutales, amenazas contra los detenidos y sus familias, destrucción generalizada de bienes, confiscación de vehículos, dinero y joyas, y destrucción de infraestructura, especialmente en los campos de refugiados de Tulkarem y Yenín», denuncia el informe.
Lo cierto es que Cisjordania ocupada vive su mayor espiral de violencia desde la Segunda Intifada (2000-05), y en lo que va de 2024 unos 450 palestinos han muerto en el territorio por fuego israelí, la mayoría milicianos de los campamentos de refugiados, pero también civiles, incluidos al menos 71 menores, según el recuento de EFE.
Por otra parte, el informe también subraya que al menos 45 prisioneros han muerto bajo custodia desde el pasado 7 de octubre, además de otra decena de muertes cuyas identidades y circunstancias siguen sin ser reveladas por el Ejército israelí.
