El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó su presupuesto para el año 2025, el cual fue ajustado tras un recorte de 8 mil 855 millones de pesos aprobado por la Cámara de Diputados. En una sesión extraordinaria, el Consejo General del INE autorizó un presupuesto real y efectivo de 19 mil 645 millones 790 mil 251 pesos.
El presupuesto se distribuirá de la siguiente manera:
- Presupuesto Base: $12,305,797,553.00
- Cartera Institucional de Proyectos: $7,339,992,698.00
Este presupuesto fue diseñado con el objetivo de priorizar proyectos relacionados con el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación. Además, se destinarán recursos a actividades sustantivas que son funciones del INE, según lo mandata la Constitución, para garantizar lo siguiente:
- a) El pleno ejercicio de los derechos humanos, políticos, de participación y representación.
b) La organización de elecciones para renovar cargos de regidurías, sindicaturas y presidencias municipales en los estados de Veracruz y Durango en 2025, con la colaboración de los Organismos Públicos Locales (OPL).
c) La administración y actualización del Registro Federal de Electores.
d) La expedición gratuita de la Credencial para Votar, que también protege el derecho a la identidad.
e) La fiscalización de los recursos de los partidos políticos y candidaturas para asegurar la equidad e imparcialidad en la contienda electoral.
f) El monitoreo de las emisiones de radio y televisión.
g) La demarcación territorial de los distritos uninominales federales y locales.
h) El ejercicio de los derechos laborales de los servidores públicos y la capacidad operativa del Instituto.
Además, se realizaron ajustes en los gastos para el primer semestre del ejercicio fiscal, como los relacionados con alimentación, combustible, viáticos y pasajes. Para el segundo semestre, se eliminó la asignación de recursos destinados a la adquisición de materiales y útiles de oficina, así como el pago de honorarios permanentes.
A pesar de estos esfuerzos, el INE solicitará una ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para mitigar riesgos institucionales y recuperar actividades esenciales ordinarias en el segundo semestre de 2025.
