La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebró una sesión privada en la que aprobó modificaciones al presupuesto para 2025, tras un recorte del 12.1% aprobado por la Cámara de Diputados. En la reunión, las ministras y los ministros discutieron varias medidas para reducir gastos, sin afectar los privilegios de los altos funcionarios.
Una de las principales decisiones fue la propuesta de reducir recursos destinados al comedor de los trabajadores, lo que implicaría el cierre del comedor de ministras y ministros. Esta medida fue respaldada por la ministra Lenia Batres Guadarrama y también se aprobó una reducción del 50% en el presupuesto de los comedores destinados a los trabajadores. La meta es ahorrar cerca de 26 millones de pesos con estas acciones.
Además, se aprobó la eliminación de más de 158 millones de pesos para el bono de fin de año de algunos trabajadores operativos, así como una reducción del 31% en el número de espacios de estacionamiento disponibles en las instalaciones de la SCJN.
Sin embargo, no se tocaron otros privilegios para los funcionarios de alto rango, como el Seguro de Separación Individualizada, los vehículos blindados asignados a ministros, o la asignación de gastos para comidas y teléfonos celulares. A pesar de las propuestas de la ministra Batres y la ministra Loretta Ortiz Ahlf para eliminar estos beneficios, las discusiones no llegaron a un consenso.
Un tema central de la sesión fue el ajuste en las remuneraciones de los ministros, que se había reducido en un 12% en la propuesta original para el presupuesto de 2025. Aunque algunos ministros, como Mario Pardo Rebolledo y Yasmín Esquivel, votaron a favor de aumentar sus salarios, la propuesta fue rechazada por la mayoría de los integrantes del Pleno.
Finalmente, la SCJN aprobó por unanimidad los ajustes al presupuesto, que asciende a 5,208.5 millones de pesos, lo que representa una disminución real del 13% respecto al presupuesto de 2024. La Corte destacó que, debido a este recorte significativo, algunas actividades y programas institucionales se verán afectados, lo que podría dificultar el cumplimiento de algunas obligaciones, particularmente en lo relacionado con los derechos laborales de los trabajadores.
En respuesta, la SCJN informó que la Secretaría de Gobernación gestionará las ampliaciones presupuestarias necesarias si se ve afectado algún derecho laboral, garantizando que continuará cumpliendo con su labor judicial y protegiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos con los estándares de calidad habituales.
