El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que cesó a más de 12 fiscales y empleados que trabajaron en los procesos penales en contra del presidente Donald Trump. Entre los afectados están miembros del equipo que investigó los resultados de las elecciones de 2020, así como el manejo de documentos confidenciales encontrados en su propiedad de Mar-a-Lago.
La orden se ejecutó a pesar de que los fiscales de base permanecen en sus cargos a través de los distintos gobiernos y no los castigan por su participación en investigaciones delicadas.
El fiscal general, James McHenry, justificó los despidos alegando que no confiaba en que los funcionarios pudieran implementar la agenda del presidente de manera leal.
“Estas acciones son coherentes con la misión de poner fin a la instrumentalización del gobierno”, afirmó en un comunicado oficial.
Por el momento, se desconoce la lista de los trabajadores que resultaron afectados por la orden, así como cuántos seguían siendo parte del Departamento de Justicia tras el regreso del magnate a la Casa Blanca.
Hace unos días, Pam Bondi nominada por el presidente para secretaria de Justicia, afirmó que no caería en politiquerías, pero no descartó la posibilidad de abrir investigaciones contra adversarios del mandatario.
Al respecto, es importante recordar que Jack Smith, el fiscal que dirigió las investigaciones sobre los documentos clasificados de Mar-a-Lago y los intentos de subvertir los resultados electorales de 2020, presentó su dimisión el pasado 11 de enero, días antes de la investidura de Trump.