Elon Musk asumió la dirección del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), un nuevo organismo creado por el gobierno. Esta posición le otorgó acceso a información confidencial del Departamento del Tesoro. Entre los datos a los que accedió están los sistemas de pago de clientes de la Seguridad Social y Medicare.
Según los primeros informes, este fue uno de los primeros actos de Musk como secretario del gobierno de Donald Trump. The New York Times reveló que, incluso antes de la toma de posesión de Trump, Musk y su equipo ya solicitaban acceso a sistemas de pago clave. Estos sistemas permiten al gobierno federal desembolsar trillones de dólares anualmente. Con ello, los convierte en esenciales para evitar un incumplimiento de la deuda federal.
Tras ello, la congresista demócrata Elizabeth Warren reaccionó con acusaciones hacia el nuevo funcionario. La legisladora calificó de “extremadamente peligroso” que se interfiriera en sistemas críticos, como los de pagos de Seguridad Social, devoluciones de impuestos y Medicare. Además, alertó que el control de estos sistemas podría dar a la administración la capacidad de cortar “unilateralmente” e incluso “ilegalmente” pagos a millones de ciudadanos estadounidenses.
Demanda contra el Departamento del Tesoro
Ante estos hechos, la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales y otros sindicatos interpusieron una demanda contra el Departamento del Tesoro. Ésta tiene como objetivo cortar el acceso del DOGE a los datos sensibles del Tesoro.
La demanda exige el “cese inmediato” de lo que considera una “violación sistemática” de las leyes federales que protegen la privacidad de la información personal contenida en los registros federales.
En tanto, personal de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) acusó que 600 empleados fueron despedidos.
Al respecto, es importante mencionar que Musk, Trump y algunos legisladores republicanos han criticado a la agencia de ayuda y desarrollo, que supervisa programas humanitarios de seguridad y desarrollo en unos 120 países, y acusan a la organización de defender causas progresistas.
Apoyo de sindicatos y organizaciones
La demanda fue presentada por diversas organizaciones, incluida la Alianza de Estadounidenses Jubilados. También firmaron sindicatos como la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios. Juntos representan a más de 2 millones de empleados gubernamentales, de atención médica y servicios públicos.
