El arroyo Sarandí, un pequeño afluente de la zona sur del área metropolitana de Buenos Aires, Argentina, causó preocupación medioambiental. Y es que sus aguas aparecieron teñidas de un color rojo intenso, alertando a la comunidad.
Las primeras hipótesis apuntan a una posible filtración de tintes o químicos provenientes de industrias cercanas. Se sospecha que podrían estar involucradas empresas textileras, aunque la fuente exacta de la contaminación aún no ha sido identificada.
Los residentes de Avellaneda, en la confluencia de la cuenca Matanza-Riachuelo, fueron los primeros en notar el cambio en las aguas del arroyo Sarandí, en Buenos Aires. Además del color rojo, también reportaron un “olor nauseabundo” que emanaba del agua.
Vecinos acusaron que “hemos visto el agua roja, gris, verde, violeta y azulada. También ha estado llena de grasa, y en ocasiones, parecía aceite flotando en la superficie.”
Posible responsabilidad de empresas locales
Algunos vecinos señalan la posible responsabilidad de una empresa de tratamiento de residuos peligrosos, presente desde la década de 1990.
Ante la alarma, el Municipio de Avellaneda y el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires enviaron técnicos. Se tomaron muestras del agua sospechosa para realizar análisis.
«Estuvimos en la zona con nuestro laboratorio móvil de Análisis Ambientales junto a la Autoridad del Agua, ACUMAR, la Policía Ecológica y el Municipio. Estamos esperando los resultados», indicaron fuentes del Ministerio de Ambiente.
El agua será sometida a análisis químicos y exámenes por cromatografía líquida para identificar la sustancia que provocó la decoloración.
¿Qué sucedió con el agua del arroyo Sarandí?
A lo largo del viernes, el tono rojizo del arroyo comenzó a desaparecer. Por ello, las aguas retornaron a su color marrón-verdoso característico. Sin embargo, el fuerte olor permaneció, lo que agrava la situación de los vecinos.
Hasta el momento, ni la Fiscalía bonaerense ni el Ministerio de Ambiente han iniciado acciones judiciales directas. No obstante, no se descarta la aplicación de la Ley de Residuos Peligrosos (24.051). Esta contempla sanciones a quienes arrojen sustancias nocivas que afecten la salud y el medio ambiente.
Por su parte, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) afirmó que no está interviniendo debido a que el cauce del Sarandí está casi fuera de su jurisdicción. Sin embargo, instó a que las industrias, especialmente las curtiembres, se trasladen a zonas industriales supervisadas para reducir los vertidos incontrolados.
