Un jurado popular ordenó a Greenpeace pagar más de 660 millones de dólares en daños y perjuicios a la empresa Energy Transfer (ET). La condena es por incitar protestas contra la construcción del oleoducto Dakota Access, que desembocaron en actos de vandalismo.
El jurado declaró a la organización ambientalista responsable de difamación y otras demandas presentadas por Energy Transfer; lo anterior, al acusarla de instigar las protestas de la tribu sioux de Standing Rock en 2016. Las quejas retrasaron el proyecto y aumentaron los costos de construcción del oleoducto.
La empresa energética, con sede en Dallas (Texas), reclamaba inicialmente 300 millones de dólares. Sin embargo, el jurado determinó una cifra mucho mayor, que Greenpeace consideró una amenaza a su propia existencia.
Greenpeace niega acusaciones
Por su parte, la organización ecologista afirmó que solo brindó apoyo a las protestas, pero no fue responsable de su desarrollo ni de los disturbios que ocurrieron.
Este caso se ha denunciado como un ejemplo de Demanda Estratégica contra la Participación Pública (SLAPP). Este tipo de litigio es utilizado por corporaciones y políticos para silenciar a activistas y periodistas.
En tanto, Kelcy Warren, cofundador y presidente de Energy Transfer, defendió a su empresa en un video proyectado durante el juicio. Aseguró que los manifestantes habían creado “una narrativa totalmente falsa” sobre el proyecto.
En un comunicado, la empresa señaló que los manifestantes, supuestamente “financiados y entrenados por Greenpeace”, causaron un gran sufrimiento a la comunidad.
Tras el veredicto, Kristin Casper, consejera general de Greenpeace International, expresó que la lucha contra las petroleras no termina aquí. Aseguró que la organización continuará luchando contra los ataques a la libertad de expresión.
