Más de 6 mil migrantes, en su mayoría latinos, fueron incorporados en la base de datos de personas fallecidas por orden de la Administración de Donald Trump, informó The Washington Post. La medida fue implementada esta semana por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Es parte de una estrategia para desalentar la permanencia de personas indocumentadas en Estados Unidos.
Los memorandos que originaron esta decisión fueron firmados el pasado lunes. Autorizan al Seguro Social a registrar a ciertos migrantes como fallecidos por “motivos de seguridad nacional”. Según fuentes del gobierno, los afectados son principalmente personas que perdieron su estatus legal. También incluye a quienes ingresaron bajo programas migratorios previos, implementados durante la administración de Joe Biden.
¿A quiénes afecta la medida?
De acuerdo con las declaraciones recogidas por The Washington Post, los individuos señalados incluyen a migrantes con historial penal, y algunos estarían incluso en la lista de vigilancia terrorista del FBI. El Gobierno también contempla incluir a más de 92 mil personas en esta misma condición. Esto forma parte de una política más amplia contra la migración.
La portavoz de la Casa Blanca, Elizabeth Huston, afirmó que el objetivo es eliminar los incentivos económicos para los migrantes indocumentados. Con esta medida, el gobierno espera que opten por la autodeportación.
Cuestionamientos legales y operativos
Funcionarios dentro de la misma Administración han expresado dudas sobre la legalidad de esta política. Argumentan que incluir en la base de datos de fallecidos a personas vivas podría violar leyes de privacidad y normas del Seguro Social.
Esta iniciativa se suma a otras acciones del expresidente Trump. Entre estas acciones están la cancelación de permisos migratorios previos y la creación de una app para solicitar la deportación voluntaria. También destaca la cooperación con cárceles de alta seguridad en El Salvador para trasladar a personas acusadas de crimen organizado.
