A menos de dos meses de las elecciones históricas en México donde por primera vez se elegirá por voto popular a jueces, magistrados y miembros de la Suprema Corte, organizaciones civiles han alertado sobre preocupantes antecedentes en al menos 13 aspirantes. Las denuncias incluyen vínculos con el crimen organizado, negligencia grave, abusos de poder y participación en delitos de alto impacto.
El sitio «Justicia en la mira», impulsado por el colectivo Defensorxs, documentó los casos con nombre y antecedentes de los candidatos cuestionados, entre ellos Silvia Rocío Delgado, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y Francisco Herrera Franco, exfiscal acusado de estar relacionado con asesinatos de periodistas en Michoacán. Las alertas han generado inquietud sobre los riesgos de elegir autoridades judiciales sin una evaluación adecuada.
Antecedentes cuestionables y preocupación ciudadana
Silvia Rocío Delgado, candidata a jueza penal local en Chihuahua, formó parte del equipo legal del líder del Cártel de Sinaloa en 2016. Su rol, según Defensorxs, fue mantener contacto directo con Guzmán Loera y gestionar acciones legales en su defensa.
En Michoacán, el caso de Francisco Herrera Franco genera especial controversia. Apodado “el fiscal del terror”, es señalado por presuntos vínculos con grupos criminales y por su posible implicación en el asesinato de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares durante su gestión como fiscal estatal.
Polémica en Sonora por negligencia y hostigamiento a activistas
En Sonora, Nicollino Cangiamilla, exdirector del sistema penitenciario y hoy aspirante a magistrado, ha sido denunciado por negligencia en el caso de la muerte de Paula Josette, joven que falleció durante una visita conyugal irregular en un penal estatal. A pesar de los indicios de violencia y la detención de ocho funcionarios, su candidatura fue aceptada por el INE.
El colectivo Ni Una Más Hermosillo, que ha expuesto el caso, fue denunciado ante el INE por Cangiamilla, quien exige conocer las identidades de sus integrantes. Activistas denuncian hostigamiento, mientras organizaciones civiles reiteran que estas candidaturas no cumplen con los perfiles éticos y legales necesarios.
INE bajo escrutinio por validar perfiles cuestionables
La indignación crece entre familiares de víctimas y defensores de derechos humanos. Acusan al Instituto Nacional Electoral de permitir candidaturas sin investigar adecuadamente. “No podemos permitir que quienes tienen antecedentes graves estén a cargo de impartir justicia”, señalaron más de 20 organizaciones en un comunicado conjunto.
Briseida Arizona Velarde, madre de Paula Josette, afirmó que el proceso carece de filtros suficientes. “Votar sin conocer a los candidatos es votar a ciegas”, expresó.
Una elección sin precedentes con dudas profundas
El próximo 1 de junio, cerca de 100 millones de mexicanos podrán votar para elegir 881 cargos federales. Entre ellos se encuentran jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Esta reforma histórica fue impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El gobierno actual la celebra como un paso para convertir a México en una de las democracias más completas del mundo.
Sin embargo, opositores y activistas temen que la elección judicial abra la puerta a actores con intereses oscuros. Temen que lleguen a los más altos cargos de justicia en el país.
