El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció este martes que entre los candidatos propuestos para la elección judicial del próximo 1 de junio hay perfiles que han defendido a narcotraficantes. El legislador solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) cancelar sus registros antes del proceso electoral.
Durante una entrevista con medios, Fernández Noroña señaló que algunos aspirantes incluidos en las listas del Legislativo y Judicial no cumplen con el requisito de probidad. En su opinión, esas candidaturas deberían ser retiradas.
Detectan perfiles con antecedentes preocupantes
Sin dar nombres ni cifras, el senador señaló que la mayoría de los casos detectados pertenecen al Poder Judicial. También mencionó que hay algunos del Legislativo. Agregó que los tres poderes de la Unión realizaron la revisión de perfiles. Además, recordó que la ciudadanía puede reportar irregularidades.
“Es el momento de retirar candidaturas que no cubren el requisito. No son muchas, pero es necesario resolverlo antes de la elección”, afirmó.
Preocupación por la legitimidad del proceso
Fernández Noroña enfatizó que permitir la participación de defensores o jueces vinculados con el crimen organizado podría poner en riesgo la integridad del sistema judicial. “Sería desafortunado que un defensor o juez con antecedentes acreditados en casos de narcotráfico llegue a ser magistrado”, declaró.
El legislador reiteró que las autoridades no deberían esperar a que concluya el proceso electoral para tomar decisiones, pues hacerlo a tiempo garantizaría mayor transparencia y confianza en la elección.
La elección judicial: una jornada histórica
El 1 de junio se llevará a cabo una elección inédita en México. Más de 99.7 millones de ciudadanos están convocados para votar por 881 cargos en juzgados, tribunales, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Las campañas electorales, que iniciaron recientemente, se extenderán por 60 días, hasta el 28 de mayo. Este proceso se desarrolla bajo la atención de la ciudadanía, la oposición, organismos internacionales y organizaciones civiles, debido a las preocupaciones por una posible intervención del crimen organizado o del Poder Ejecutivo en la conformación del nuevo sistema judicial.
