Una reforma a la Ley de Telecomunicaciones fue aprobada en comisiones del Senado. Esta permitiría al gobierno federal bloquear temporalmente el acceso a plataformas digitales. Los expertos han expresado su preocupación por los riesgos que representa para la libertad de expresión.
El proyecto propone que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones pueda emitir los lineamientos para aplicar los bloqueos. Esta agencia depende directamente de la Presidencia. Según el artículo 109, las autoridades podrán suspender cualquier plataforma. Esto ocurriría si no cumple con ciertas normativas, aunque estas no están claramente definidas.
¿Qué se entiende por plataformas digitales?
De acuerdo con la iniciativa, se considera plataforma digital a cualquier servicio que ofrezca, comercialice o intermedie bienes, servicios o contenidos. Esto incluye redes sociales, aplicaciones móviles, sitios web de comercio electrónico, servicios bancarios e incluso medios informativos.
Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), alertó que esta medida podría ser usada discrecionalmente para restringir el acceso a plataformas como Facebook, YouTube o TikTok, violando derechos fundamentales.
¿Qué riesgos implica la propuesta?
Especialistas consideran que la redacción es ambigua y permite decisiones unilaterales del gobierno. Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), señaló que el bloqueo de plataformas podría afectar otros derechos, como la movilidad, la salud, la educación y la libertad de reunión.
Además, los expertos advirtieron sobre el riesgo de concentrar tanto poder en una sola agencia. Señalan que permitirle definir los lineamientos del bloqueo, sin aprobación legislativa, va en contra de los principios de un sistema democrático.
Otros puntos críticos de la iniciativa
La reforma también propone que las autoridades puedan acceder a un registro de usuarios de servicios móviles. Esta medida ya fue considerada inconstitucional por la Suprema Corte en el pasado. Además, plantea el uso de inhibidores de señal por parte de las fuerzas de seguridad. También se establece que todo contenido promovido por gobiernos, empresas o personas extranjeras deberá contar con autorización de la Secretaría de Gobernación.
Aunque el gobierno niega tener intenciones de censura y afirma que la medida busca regular obligaciones fiscales, los especialistas opinan lo contrario. Advierten que la redacción imprecisa podría permitir restricciones arbitrarias al contenido en línea.
