Durante 2024, los asesinatos de personas defensoras del medio ambiente y del territorio en México aumentaron un 25 %, alcanzando 25 homicidios, según un informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). Este reporte, publicado recientemente, también advierte sobre el incremento en la criminalización y las agresiones por parte del Estado y actores privados.
El informe detalla que cuatro de estas muertes fueron ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado. Además, otras cuatro personas defensoras fueron víctimas de desaparición, lo que ubica a 2024 como el segundo año más letal en una década de documentación.
El Estado, principal agresor
El CEMDA señala que el Estado mexicano fue responsable del 65.9 % de las agresiones registradas, un aumento del 16 % con respecto a 2023. Esta cifra incluye procesos judiciales, intimidaciones, hostigamientos y estigmatizaciones contra quienes ejercen su derecho a defender el territorio.
Además, se documentaron 25 agresiones provenientes de empresas privadas y 17 por parte de grupos del crimen organizado, lo que subraya un contexto de violencia generalizada.
Criminalización: un patrón recurrente
La criminalización fue la forma más común de agresión en 2024. Se registraron 20 eventos en los que participaron 77 personas defensoras. Uno de los casos más representativos es el de Juana Inés Ramírez Villegas, defensora mixe (ayuuk) y miembro de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (Ucizoni).
Ramírez enfrenta procesos judiciales por participar en protestas pacíficas contra el Tren Interoceánico, un megaproyecto que atraviesa Veracruz y Oaxaca. A pesar de ello, también es beneficiaria del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Oaxaca, el estado con más agresiones
Oaxaca fue el estado con más agresiones contra defensores en 2024, con 15 casos registrados. Le siguen Chiapas, Michoacán y Puebla, cada uno con 9 casos. Estas cinco entidades concentraron el 53.1 % de los ataques a nivel nacional.
Las agresiones incluyeron intimidación (27 eventos), hostigamiento (23), estigmatización (20) y difamación (19), muchas de ellas vinculadas a la represión del derecho a la protesta.
Profepa promete mayor colaboración
Mariana Boy, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), aseguró que la dependencia se sumará a la mesa del Mecanismo de Protección y trabajará con otras instituciones gubernamentales para garantizar la defensa de derechos ambientales.
Boy también expresó disposición para dialogar con la Secretaría de Marina, una de las entidades señaladas en las agresiones a defensores en el Istmo de Tehuantepec,; aunque admitió no conocer a fondo el caso.
Escazú: clave para proteger a defensores
El informe del CEMDA concluye que la implementación del Acuerdo de Escazú es urgente en México. Este tratado internacional busca garantizar el acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales.
Juana Inés Ramírez considera que sin este acuerdo no será posible frenar la violencia. Tampoco se podrá sancionar a las empresas responsables de violaciones ambientales. Además, ve en la participación de Profepa una oportunidad para abrir espacios de diálogo. También espera que sirva para vigilar los impactos sociales y ambientales de los megaproyectos.
