Los presidentes del Senado de la República y la Cámara de Diputados solicitaron formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación del registro de 26 aspirantes en las elecciones judiciales del 1 de junio. La petición se basa en que dichas personas no cumplen con requisitos constitucionales por estar relacionadas con investigaciones penales federales vigentes.
La solicitud también incluye la cancelación de ocho candidaturas adicionales por no alcanzar el promedio mínimo de 8.0 en sus estudios de licenciatura, lo que incumple los criterios académicos exigidos para acceder a los cargos de juezas, jueces y magistrados.
Candidaturas bajo investigación y con conflictos éticos
Según el comunicado emitido, las 26 personas impugnadas enfrentan acusaciones por delitos graves como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada. Además, el informe presentado documenta la existencia de órdenes de aprehensión en curso contra algunos de los postulantes.
Se indicó que varias de estas personas han sido defensores legales de individuos ligados al crimen organizado. Esto representa un conflicto de interés y pone en duda su imparcialidad como futuros jueces.
Exigencias académicas no cumplidas
Respecto a las ocho candidaturas objetadas por razones académicas, se detalló que los promedios registrados van de 7.0 a 7.93. Esto contraviene los lineamientos establecidos, que exigen una calificación mínima de ocho puntos en la licenciatura correspondiente para participar en la contienda.
«La exigencia académica no es un simple trámite», enfatizó Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados. «Es un parámetro mínimo de calidad profesional y ética».
Llamado a preservar la legitimidad del Poder Judicial
Gutiérrez Luna subrayó que la elección por voto popular no exime del cumplimiento de requisitos éticos y legales. Señaló que la idoneidad de los candidatos no es solo una formalidad jurídica, sino una condición ética esencial para garantizar la legitimidad del Poder Judicial.
Por su parte, el senador Gerardo Fernández Noroña advirtió el pasado 23 de abril que la Cámara Alta impugnaría ante el Tribunal Electoral a una veintena de aspirantes supuestamente vinculados al narcotráfico. Un día antes, ya había declarado públicamente la detección de “defensores de narcotraficantes” postulándose como juzgadores.
Elección judicial histórica en México
El próximo 1 de junio, México celebrará por primera vez una elección para renovar al Poder Judicial,; con 99.7 millones de votantes convocados a elegir 881 cargos entre más de 3,400 candidaturas. La jornada definirá puestos clave en la Suprema Corte, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral.
Las campañas iniciaron el 30 de marzo y concluirán el 28 de mayo. Durante este periodo, jueces, organismos internacionales y asociaciones civiles han lanzado alertas. Advierten posibles injerencias del Ejecutivo y del crimen organizado en el proceso electoral.
