Los Alegres del Barranco enfrentan tres nuevas investigaciones abiertas por la Fiscalía de Jalisco, tras ser imputados por presunta apología del delito. Durante un concierto en el Auditorio Telmex de Zapopan, a finales de marzo, proyectaron imágenes y cantaron corridos relacionados con figuras del crimen organizado, lo que derivó en acciones legales.
La imputación también alcanza a su representante y promotor, quienes comparecieron junto a los músicos ante un juez penal en Puente Grande, Jalisco. Aunque la Fiscalía solicitó la vinculación a proceso y prisión preventiva, la defensa logró aplazar la resolución hasta el próximo lunes 12 de mayo, bajo medidas cautelares.
Medidas cautelares y nueva audiencia
El juez no concedió prisión preventiva, pero impuso restricciones: los imputados no podrán salir del estado y deberán pagar una garantía conjunta de 1.8 millones de pesos (300 mil por persona). Durante la audiencia, tanto los músicos como los empresarios se abstuvieron de declarar.
Más conciertos bajo investigación
Las nuevas carpetas de investigación surgen por tres recientes conciertos realizados en Villa Purificación, Cihuatlán y Tequila, donde el grupo habría repetido el mismo comportamiento. En estas presentaciones, el grupo proyectó letras de corridos relacionados con líderes criminales y dejó que el público los interpretara.
La Fiscalía ha citado a los integrantes para comparecer el jueves 9 de mayo a las 9:30 horas. Dos de las investigaciones fueron iniciadas de oficio por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social.
Reacción del gobernador de Jalisco
El gobernador Pablo Lemus criticó fuertemente lo ocurrido, acusando al grupo de haber engañado a los alcaldes de Cihuatlán y Tequila, a quienes también pidió se les llame a declarar. Según Lemus, los ediles habían firmado acuerdos para evitar cualquier apología del delito durante las presentaciones, pero lo ocurrido fue una “simulación”, sostuvo.
La situación legal de Los Alegres del Barranco se complica, con múltiples investigaciones en curso y una audiencia clave por celebrarse. El caso pone en debate la responsabilidad de los artistas y autoridades locales frente a la apología del delito en espectáculos públicos.
