La Corte Suprema de Estados Unidos analiza la orden del expresidente Donald Trump que busca eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, una medida que podría impactar a unos 255 mil bebés cada año, según un informe del Migration Policy Institute (MPI). El decreto, emitido al inicio del mandato de Trump, se encuentra bloqueado temporalmente por tribunales federales, pero el caso sigue en disputa.
La propuesta afectaría directamente a hijos de migrantes indocumentados o con visado temporal nacidos en territorio estadounidense. Expertos del MPI advierten que, de aplicarse la orden, la población indocumentada crecería en 2.7 millones hacia 2045 y en un 40% hacia 2075. Además, podría aumentar la migración forzada de familias hacia otros países.
Consecuencias demográficas y sociales
El informe detalla cómo esta política podría crear una “clase de residentes sin ciudadanía”, lo que impactaría negativamente la movilidad económica y la cohesión social en Estados Unidos. Investigadores como Jennifer Van Hook y Michael Fix advierten que esta situación sembraría desigualdades desde el nacimiento.
A modo de ejemplo, se menciona que en 2020 ya había cerca de 500 mil niños nacidos en EE.UU. viviendo en México, muchos de ellos desplazados tras la deportación de sus padres.
El argumento del “turismo de nacimiento”
Uno de los pilares del argumento para eliminar la ciudadanía automática es el llamado “turismo de nacimiento”. Sin embargo, cifras oficiales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC); indican que solo 9 mil de los 3.6 millones de nacimientos anuales corresponden a madres extranjeras no residentes. Es decir, una fracción muy baja.
Base legal y el rol de la Corte Suprema
La orden ejecutiva de Trump entra en conflicto con la Enmienda 14 de la Constitución de 1868, que garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense. Aunque varios jueces bloquearon su implementación, la actual composición conservadora de la Corte Suprema podría inclinar la balanza.
Para Thomas Kennedy, consultor de Florida Immigrant Coalition (FLIC), aunque es improbable que prospere la medida, ya ha generado “confusión e incertidumbre” entre migrantes, quienes temen por los derechos de sus hijos.
Implicaciones más allá de la ciudadanía
El caso también pondrá a prueba si las cortes federales pueden seguir emitiendo interdictos a nivel nacional. Según Jerry Gonzalez, CEO de GALEO Impact Fund, la Constitución debería respetarse tal como está escrita,; mientras que otros analistas advierten sobre el riesgo de limitar el poder judicial frente a políticas migratorias presidenciales.
