Durante 2025, el Ejército Mexicano ha desactivado 9 mil 892 videocámaras. Estos equipos eran utilizados por organizaciones criminales en varias entidades del país. El operativo forma parte de un esfuerzo más amplio para eliminar redes de videovigilancia clandestinas. Las bandas delictivas usaban estas cámaras para monitorear el espacio público y vigilar a las autoridades de seguridad.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es la encargada de realizar el registro de estas cámaras desinstaladas, revelando una preocupante extensión de las redes de videovigilancia criminal en el país. Según los datos proporcionados por la Sedena, las cámaras intervenidas están presentes en al menos 25 estados, con Guanajuato liderando la lista con más de 5 mil cámaras desactivadas. Sinaloa y Zacatecas también registran cifras altas, con mil 563 y 502 cámaras desactivadas, respectivamente.
Crecimiento de las redes de videovigilancia criminal
En los últimos años, las organizaciones criminales han instalado sistemas de videovigilancia para controlar distintas zonas del país. Un informe de 2023 revela que, en algunas entidades, estas redes superan las capacidades de monitoreo de las autoridades locales. En lugares como Ciudad de México y Estado de México, las cámaras oficiales son ampliamente rebasadas por los equipos instalados por grupos delictivos.
El Ejército Mexicano ha intervenido en varios estados clave. Ha desmantelado redes ilegales en pequeñas comunidades y zonas urbanas más grandes. La operación se centró especialmente en Santa Cruz Huatulco, Oaxaca. Ahí fueron desinstaladas más de 40 cámaras, presuntamente usadas por células delictivas locales.
Desafíos y respuestas institucionales ante la creciente amenaza
El Gobierno de Naucalpan, en el Estado de México, ha intensificado sus esfuerzos mediante el Operativo “Halcón”. Esta estrategia ha permitido desarticular redes de videovigilancia en varias comunidades del municipio. Con apoyo de fuerzas de seguridad de distintos niveles, se han retirado cientos de cámaras ilegales. Las autoridades destacan la necesidad de un enfoque coordinado para frenar a los grupos criminales que usan tecnología para controlar el territorio.
Este esfuerzo forma parte de una estrategia más amplia. Busca asegurar el espacio público y proteger a la ciudadanía ante el avance de redes de videovigilancia operadas por el crimen organizado.
