En un hecho sin precedentes, la justicia estadounidense ha dado un duro golpe a la red de corrupción encabezada por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, al ordenar junto a su esposa el pago de casi 2.500 millones de dólares al Estado mexicano. La sentencia, dictada por la jueza Lisa Walsh del Decimoprimer Circuito Judicial de Florida, representa no solo una sanción económica histórica, sino también un recordatorio del costo devastador que tiene la corrupción cuando se enquista en las altas esferas del poder.
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), García Luna deberá pagar 748 millones de dólares y su esposa, Linda Cristina Pereyra, 1.740 millones. Ambos fueron señalados como responsables de encabezar un complejo esquema de contratos fraudulentos que, según el gobierno mexicano, desvió fondos públicos durante años.
La cifra es monumental y lo es también el mensaje: los delitos de cuello blanco, por mucho que se disfracen de legalidad y se protejan con influencias, no quedan impunes eternamente.
Este fallo responde a una demanda civil interpuesta por México en 2021 en tribunales estadounidenses, como parte de un esfuerzo por recuperar parte del daño económico provocado por la red de corrupción que supuestamente operó durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012). En paralelo, tanto García Luna como Pereyra enfrentan procesos penales en México y órdenes de aprehensión por los mismos hechos.
Aunque ambos han negado repetidamente cualquier responsabilidad, la sentencia de Florida se suma a su ya delicada situación judicial. García Luna fue condenado en octubre de 2024 a más de 38 años de prisión por conspirar con el cártel de Sinaloa y cometer otros delitos relacionados con el narcotráfico. Su esposa, en libertad, enfrenta acusaciones pero aún no ha sido juzgada penalmente.
Este fallo judicial no devuelve por sí solo la confianza ciudadana ni repara completamente el daño, pero traza una línea clara: el poder no exime de rendir cuentas. En una región donde las redes de corrupción suelen cruzar fronteras con facilidad, la resolución también sienta un precedente de colaboración internacional que podría ser clave en futuras investigaciones.
Mientras García Luna permanece recluido en una cárcel de máxima seguridad y su defensa prepara una apelación, el caso sigue evolucionando. Pero lo cierto es que, por primera vez en mucho tiempo, el Estado mexicano parece estar un paso más cerca de hacer justicia en uno de los escándalos de corrupción más oscuros de su historia reciente.
