La Universidad de Harvard presentó una demanda contra la administración de Donald Trump tras la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de retirarle el acceso a los programas de visas estudiantiles. La medida impediría a la institución inscribir a sus cerca de 6,800 estudiantes internacionales, que representan más del 27 % de su matrícula.
En su recurso legal presentado en Boston, Harvard calificó esta decisión como una “violación flagrante” de la ley y una represalia por negarse a ceder su independencia académica ante las presiones del gobierno federal. El presidente interino Alan Garber denunció que esta acción busca castigar a la universidad por su postura institucional y por no ajustarse a exigencias políticas sobre su currículum, personal docente y cuerpo estudiantil.
Horas después de la presentación de la demanda, la jueza federal Allison Burroughs emitió una orden de restricción temporal que frena la aplicación de la medida. La universidad argumentó que la cancelación de su certificación como parte del Programa de Visitas de Intercambio de Estudiantes comprometería gravemente su misión educativa.
El gobierno de Trump ha acusado a Harvard y a otras universidades de élite de no actuar con suficiente firmeza contra el antisemitismo y de marginar opiniones conservadoras. En paralelo, ha amenazado con revocar su estatus de exención fiscal y congelar miles de millones en subvenciones federales.
Harvard, considerada la universidad más prestigiosa y con mayores recursos del mundo, cuenta con un fondo patrimonial de 53.000 millones de dólares, cifra que supera el PIB de más de un centenar de países. Esta solidez financiera le ha permitido resistir presiones políticas que podrían afectar profundamente a otras instituciones educativas.
