La Corte Suprema de Estados Unidos permitió a la administración Trump cancelar de inmediato los permisos de residencia y trabajo temporal para más de 500 mil migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La medida, respaldada por la mayoría de los jueces, da luz verde al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para eliminar los programas de libertad condicional migratoria.
El fallo anula una orden previa de una corte federal que bloqueaba la cancelación mientras continuaba el litigio. Con esta resolución, miles de personas podrían quedar expuestas a procesos de deportación.
Programas bajo revisión
La decisión afecta directamente a quienes ingresaron a EE. UU. durante el gobierno de Joe Biden mediante programas humanitarios con patrocinio estadounidense. Estos permisos tenían una duración inicial de hasta dos años.
Los jueces Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor votaron en contra, argumentando que la medida puede alterar de forma abrupta la vida de miles de familias mientras sus reclamaciones legales siguen pendientes.
Debate sobre la autoridad migratoria
El argumento central gira en torno a si la Secretaría de Seguridad Nacional puede revocar estos permisos de forma general o debe evaluar cada caso de manera individual. El fiscal general del gobierno de Trump afirmó que esa revisión personalizada sería inviable.
Por su parte, la jueza federal Indira Talwani, que inicialmente bloqueó la cancelación, había defendido que la ley migratoria exige análisis caso por caso.
Impacto legal y social
Este es el segundo fallo en menos de dos semanas que favorece la cancelación de protecciones a migrantes. Organizaciones de defensa legal han advertido sobre las consecuencias sociales, familiares y económicas de esta medida.
