Este jueves, 38 congresistas demócratas solicitaron formalmente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos que revoque la cancelación del estatus legal de Sofía, una niña mexicana de cuatro años que padece una condición médica grave y depende de tratamiento especializado en el país.
Sofía, quien vive con su familia en Bakersfield, California, sufre del síndrome del intestino corto, una enfermedad que impide la adecuada absorción de nutrientes y que, de no tratarse, puede causar la muerte en cuestión de días, según han advertido sus médicos.
Antecedentes del caso
La menor y sus padres ingresaron a EE. UU. en julio de 2023 mediante un permiso humanitario de emergencia, otorgado para que recibiera tratamiento en el Hospital Infantil de Los Ángeles, uno de los pocos centros en el país con capacidad para tratar esta afección en niños pequeños.
Sin embargo, en abril de este año, el DHS notificó a la familia la revocación de su estatus legal y les ordenó abandonar el país. La decisión también afectó el permiso de trabajo de la madre, Deysi Vargas, dejando a la familia sin ingresos para afrontar los gastos médicos y de transporte.
Llamado urgente al gobierno federal
En una carta dirigida a la secretaria del DHS, Kristin Noem, los congresistas, encabezados por los senadores Alex Padilla y Adam Smith, solicitaron una respuesta inmediata. Señalan que negar el tratamiento médico a Sofía representa una amenaza directa a su vida.
“El caso de S.G.V. (Sofía) justifica claramente la necesidad de una excepción humanitaria”, expresaron los legisladores. Public Counsel, la organización que representa legalmente a la familia, afirmó que en México no existen las condiciones necesarias para continuar con el tratamiento.
Apoyo legal y social
Rebecca Brown, abogada del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de Public Counsel, subrayó que forzar el regreso de Sofía a México podría equivaler a una sentencia de muerte. “Es una traición a los valores humanitarios de nuestra nación”, afirmó en un comunicado.
Los legisladores han instado a la Administración a reconsiderar su decisión con urgencia y permitir que la niña continúe su tratamiento sin interrupciones.
