En Estados Unidos, recientes redadas migratorias en sitios de construcción —especialmente en Florida y Luisiana— están poniendo en riesgo el funcionamiento de la industria constructora. Esta actividad depende fuertemente de la mano de obra migrante: uno de cada cuatro trabajadores es extranjero, cifra que sube al 75 % en ciudades como Miami.
La semana pasada, más de 100 migrantes fueron detenidos en un operativo en Tallahassee, Florida, dos semanas después de otra redada en The Villages, en el mismo estado. Los arrestados son originarios de México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras.
La fuerza laboral migrante en riesgo
Los operativos se han extendido también a Luisiana y Nueva York, generando temor entre trabajadores de la construcción, muchos de los cuales están optando por no presentarse a laborar. Aarón Pineda, migrante hondureño con Estatus de Protección Temporal (TPS), afirmó desde Miami:
“Nosotros somos la fuerza que mueve este país… hoy en día uno se siente temeroso por todo lo que está pasando”.
La industria de la construcción emplea al 25.7 % de trabajadores migrantes a nivel nacional. De ellos, al menos 14.1 % son indocumentados, según el American Immigration Council. En Florida, existen más de 432,000 trabajadores migrantes solo en este sector.
Deportaciones masivas afectarían la economía
El gobierno de Donald Trump ha propuesto aumentar las deportaciones a 3,000 personas por día. Esta medida amenaza directamente a un sector clave. Si se concreta, el país podría perder hasta 1.8 millones de empleados de la construcción. Al mismo tiempo, se necesitan 454,000 nuevos trabajadores solo en 2025 para cubrir la demanda actual.
El economista Ned Murray, de la Universidad Internacional de Florida, advirtió que la construcción sería la industria más afectada. Las deportaciones tendrían un impacto directo en su funcionamiento.
Una crisis de vivienda en curso
La posible salida de trabajadores migrantes agravaría la crisis de vivienda que afecta a EE. UU., especialmente a Florida. Según el Urban Institute, el país tiene un déficit de 3.7 millones de viviendas, lo que ha disparado los precios de alquiler y venta a niveles históricos.
La situación se volvió crítica tras la pandemia. Miles de personas se mudaron al sur del país, lo que aumentó la demanda habitacional.
Voces que denuncian persecución
Organizaciones como la Coalición Inmigrante de Florida (FLIC) han calificado los operativos como un acto de “persecución” que genera un clima de miedo. El analista Thomas Kennedy, de FLIC, advirtió que sin migrantes, muchas obras quedarían inconclusas:
“No sé cómo vamos a seguir con proyectos de construcción tan necesarios si espantamos a la gente que está dispuesta a hacer el trabajo”.
Pese a ello, las autoridades estatales han respaldado los operativos. El gobernador Ron DeSantis y el fiscal James Uthmeier celebraron las redadas y la participación de la Patrulla de Carreteras de Florida.
“En Florida, estamos liderando el trabajo para implementar la ley inmigratoria federal”, publicó Uthmeier tras el operativo.
