El Gobierno de México rechazó categóricamente el informe presentado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre el reciente proceso de elección judicial, calificándolo como una intromisión en sus asuntos internos. La misión de observación de la OEA cuestionó la transparencia del proceso, la baja participación ciudadana y la posible politización en la designación de magistrados de la Suprema Corte de Justicia.
Ante estas declaraciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su inconformidad, subrayando que México es un país soberano y que las decisiones sobre sus instituciones corresponden únicamente al pueblo mexicano. Asimismo, instó al organismo internacional a actuar con respeto y a abstenerse de emitir juicios unilaterales que comprometan su neutralidad.
La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, respaldó el proceso de elección, afirmando que se trató de un ejercicio democrático que fortalece la legitimidad del Poder Judicial. Desde el oficialismo, se percibe el informe de la OEA como una acción con tintes políticos que no refleja la realidad ni respeta la autodeterminación de México.
Esta postura se suma a otras críticas previas del Gobierno mexicano hacia el papel de la OEA en situaciones de países como Bolivia y Venezuela, donde también ha cuestionado su imparcialidad.
México reiteró su compromiso con el diálogo y el respeto entre naciones, y advirtió que continuará defendiendo su soberanía frente a cualquier intento de injerencia externa.
