La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la firma de un acuerdo voluntario con empresas harineras de maíz y asociaciones de tortillerías para evitar un aumento en el precio de la tortilla. El anuncio se realizó durante su conferencia matutina, con el objetivo de proteger el acceso a uno de los productos más consumidos por las familias mexicanas.

El convenio propone reducir intermediarios entre productores de maíz y procesadores, fomentando relaciones comerciales directas. Esta medida busca contener el impacto inflacionario en la tortilla, alimento fundamental en la dieta nacional.

Una estrategia contra la inflación alimentaria

Sheinbaum destacó que el precio de la tortilla suele elevarse por la participación excesiva de intermediarios. Por ello, el acuerdo promueve canales directos de comercialización entre quienes cultivan el maíz y quienes lo transforman en masa o tortilla.

Este enfoque es parte de una estrategia más amplia del gobierno federal. Su objetivo es garantizar el abasto de alimentos básicos a precios accesibles, sobre todo en zonas con alta vulnerabilidad económica.

Tiendas del bienestar, apoyo directo en zonas marginadas

Además del acuerdo industrial, la presidenta informó que a través del programa de tiendas del bienestar se implementarán acciones específicas en regiones con altos niveles de pobreza. Estas tiendas ofrecerán precios reducidos en alimentos esenciales, incluyendo la tortilla.

El objetivo, señaló, es fortalecer la soberanía alimentaria. También busca mejorar las condiciones de compra para millones de personas en comunidades con menor poder adquisitivo.

Una política basada en diálogo y soberanía

Esta medida es parte del programa “Cosechando Soberanía”, presentado previamente por Sheinbaum en marzo. Desde entonces, el gobierno ha mantenido diálogos con empresas harineras, nixtamaleras y tortillerías para buscar soluciones sostenibles.

Las negociaciones están a cargo de Julio Berdegué, titular de SADER, y María Luisa Albores, responsable del programa Alimentación para el Bienestar. Ambos coordinan acciones para acercar al pequeño productor con el consumidor final. También impulsan esquemas justos que beneficien a toda la cadena de producción.