La justicia de Argentina concedió este martes prisión domiciliaria para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien fue condenada a seis años de cárcel por corrupción. La medida ya está en vigor; lo que implica que la exmandataria ya se encuentra legalmente detenida, aunque no pisará la cárcel.
El juez Jorge Gorini, encargado de ejecutar la sentencia, determinó que Fernández cumpla la pena en su domicilio, ubicado en el barrio Constitución, en Buenos Aires. En dicho sitio, simpatizantes de la líder peronista permanecen concentrados desde hace algunos días.
La expresidenta no podrá abandonar su hogar, excepto en casos de fuerza mayor que deberá justificar adecuadamente. Además, debe mantener la calma en su entorno y no perturbar la convivencia vecinal.
Cristina Fernández deberá entregar lista de familiares
En un plazo máximo de 48 horas, Cristina Fernández deberá entregar un listado de las personas que integran su grupo familiar, además de sus abogados, médicos tratantes y personal de seguridad.
Estos individuos podrán ingresar a su domicilio sin requerir autorización judicial. El juez ordenó la instalación de un dispositivo electrónico de vigilancia. Es importante destacar que la defensa había solicitado evitarlo, argumentando que no existía riesgo de fuga ni justificación para exponerla públicamente.
Por su parte, la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal será la encargada de supervisar el cumplimiento de las condiciones. Cada tres meses deberá presentar un informe al tribunal.
Es importante señalar que la legislación argentina permite este beneficio para personas mayores de 70 años. Cristina Fernández tiene 72 años, y su defensa también destacó su rol como expresidenta y el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre de 2022.
Expresidenta, acusada de irregularidades
Cabe mencionar que, en 2022, un tribunal oral condenó a Fernández por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en el marco de la causa por irregularidades en la concesión de obras viales en Santa Cruz.
Estas irregularidades ocurrieron entre 2003 y 2015, durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Además de la pena de prisión, fue inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos.
El pasado 10 de junio, la Corte Suprema de Justicia de Argentina dejó firme la sentencia. Ante esto, la defensa de la exmandataria solicitó formalmente el beneficio de la prisión domiciliaria.
A pesar de la resolución judicial, la Fiscalía expresó su desacuerdo. En un escrito difundido este martes, sostuvo que “no se advierten razones humanitarias” para justificar la decisión del juez.
