Durante la cuarta diligencia de exhumación en las fosas clandestinas de Jojutla, Morelos, el colectivo “Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla” reportó la recuperación de más de 60 cuerpos. Entre ellos, al menos 10 eran bebés y una decena, mujeres. Sin embargo, la Fiscalía de Morelos suspendió los trabajos por riesgo de colapso en un muro perimetral. La estructura se debilitó debido a las recientes lluvias.
La decisión se tomó tras un dictamen técnico de la Dirección General de Servicios Periciales. El informe alertó sobre fracturas y fisuras graves en el muro del panteón, que mide 24.40 metros de largo por 1.95 metros de alto.
Riesgos estructurales y suspensión de las labores
La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada argumentó que las excavaciones alcanzaron los 2.5 metros de profundidad, lo que aumenta el peligro de colapso. Según el peritaje, continuar con los trabajos podría generar vibraciones que pondrían en riesgo al personal.
Por esta razón, se recomendó suspender la exhumación, reforzar el perímetro y demoler el muro para garantizar condiciones seguras antes de continuar.
Irregularidades documentadas por el colectivo
Desde el inicio de las labores el 26 de mayo, el colectivo ha señalado diversas irregularidades. Entre ellas, errores en la toma y embalaje de muestras, así como fallas en la nomenclatura utilizada por la Fiscalía, lo cual impide un conteo preciso de los cuerpos recuperados.
Amalia Alejandra Hernández, integrante del colectivo y familiar de una víctima, explicó que se han clasificado restos completos de bebés como “huesos dispersos”. Esto afecta la veracidad del registro.
Ausencia de personal clave y exigencias al fiscal
El colectivo también denunció la ausencia de un antropólogo físico y de la Guardia Nacional durante al menos dos jornadas. La Guardia es fundamental para la toma de perfiles genéticos, y su falta dificulta la identificación adecuada.
También se señaló que la antropóloga física asignada solo realiza labores de gabinete. En campo, las actividades están a cargo de una arqueóloga que no cuenta con cédula profesional en esa especialidad.
Por ello, se pidió al Congreso estatal que exhorte al fiscal Edgar Maldonado a presentarse en el lugar. Se busca que escuche a las víctimas y observe directamente las condiciones de trabajo.
Petición a autoridades y próxima reunión
La diligencia fue acordada el 16 de abril entre colectivos y autoridades. Tras la suspensión, la Fiscalía de Morelos informó que se reunirá próximamente con los colectivos para evaluar los resultados. También se definirá una nueva fecha de reinicio, una vez que se garantice la seguridad estructural del lugar.
Por último, Amalia Hernández solicitó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) asigne un asesor jurídico permanente para acompañar a las familias durante estas acciones.
