La Corte Suprema de EE.UU. respaldó este viernes suspender los bloqueos impuestos por tribunales federales inferiores al decreto de Donald Trump sobre ciudadanía por nacimiento. Un fallo de seis contra tres determinó que los jueces de distrito no pueden emitir decisiones de alcance nacional sin autoridad expresa.
El caso se centra en órdenes de jueces en Maryland, Washington y Massachusetts, quienes habían frenado la aplicación de la medida que intenta negar ciudadanía automática a hijos de padres indocumentados o con visados temporales. El Supremo validó la suspensión, sin abordar el fondo del decreto.
Jurisdicción y autoridad judicial
La jueza Amy Coney Barrett, en la opinión mayoritaria, afirmó que los tribunales federales “resuelven casos conforme a la autoridad que les ha otorgado el Congreso”, no supervisan al Ejecutivo de forma general. El fallo es sobre la jurisdicción, no sobre la constitucionalidad del decreto.
Suspensión temporal y margen legal
Barrett indicó que la orden ejecutiva “no entrará en vigor hasta 30 días después de esta opinión”. Ese plazo brinda oportunidades para que se presenten demandas colectivas en caso de nuevos borradores del decreto.
Impacto social y reacción de las juezas disidentes
Un estudio del Migration Policy Institute estima que podrían verse afectados hasta 255 000 bebés al año si el decreto se implementa. Las juezas disidentes Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson advirtieron sobre los riesgos del fallo:
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Sotomayor alertó que el fallo debilita el Estado de derecho y que “la Corte renuncia a su papel vital” en la defensa constitucional.
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Brown Jackson opinó que se crea “una cortina de humo” que permitiría al Ejecutivo violar derechos constitucionales sin revisión real.
Perspectiva política
Este decreto migratorio fue una promesa de campaña de Trump y se firmó el día de su segundo mandato (20 de enero). Busca restringir la ciudadanía automática establecida en la Enmienda 14. Desde entonces, enfrentó múltiples bloqueos judiciales en tribunales inferiores, que ahora han sido respaldados por el Supremo en cuanto a jurisdicción.
