En México, miles de personas son grabadas e identificadas diariamente mediante sistemas de reconocimiento facial instalados en calles, estadios y aeropuertos, sin que exista una regulación clara que garantice la protección de los derechos humanos. Así lo advierte el informe “No nos vean la cara”, publicado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
Tras más de cuatro años de documentación, la organización expone que estos sistemas operan sin transparencia, sin evaluación de su efectividad y con serios riesgos para la privacidad, la libertad de expresión y la presunción de inocencia.
Tecnología con fallas y sesgos
Aunque se promueve como herramienta de seguridad, el reconocimiento facial presenta fallas técnicas significativas. El informe señala errores frecuentes como falsos positivos y falsos negativos, especialmente al identificar a mujeres, personas de piel oscura y adultos mayores.
Estudios citados por R3D revelan que los algoritmos tienen hasta 100 veces más errores con personas afrodescendientes o asiáticas, debido a bases de datos sesgadas y a factores externos como iluminación o ángulo del rostro. A pesar de ello, estas tecnologías se siguen implementando sin controles ni auditorías independientes.
Violación al espacio público y la privacidad
El uso del reconocimiento facial en lugares públicos implica una vigilancia remota y constante, sin consentimiento ni notificación. Esto infringe el derecho a la privacidad y puede inhibir libertades como la protesta o la reunión pacífica.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como tribunales internacionales, han advertido sobre los peligros del tratamiento masivo de datos biométricos sin límites claros ni supervisión adecuada.
Presunción de inocencia en riesgo
R3D advierte que estos sistemas convierten a toda persona en sospechosa por el solo hecho de estar en el espacio público. Esto representa una violación a la presunción de inocencia, ya que la vigilancia ocurre sin una causa específica ni autorización judicial.
La organización también señala que no hay pruebas de que el uso de estas tecnologías mejore la seguridad pública, pero sí hay evidencias de sus riesgos estructurales y discriminatorios.
Discriminación y exclusión social
El informe destaca que las personas indígenas, afrodescendientes y de comunidades LGBTTTIQ+ son más vulnerables a ser mal identificadas por los algoritmos. Esto ocurre tanto por sesgos técnicos como por falta de representación en los datos de entrenamiento.
Estas tecnologías, lejos de ser neutrales, refuerzan desigualdades sociales preexistentes y generan discriminación indirecta, un fenómeno donde una medida aparentemente neutra afecta de forma desproporcionada a ciertos grupos.
Ausencia de regulación
A pesar de su creciente uso, en México no existe una legislación específica para el reconocimiento facial. Las autoridades contratan estos servicios sin licitación ni consulta ciudadana, y sin informar sobre sus objetivos o alcances.
R3D denuncia la falta de transparencia, los vacíos legales y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas sobre el uso de estas tecnologías.
Riesgos del tecnosolucionismo
El informe también critica la narrativa que presenta a la tecnología como solución universal a problemas complejos, como la seguridad. Esta visión, según R3D, ha llevado a inversiones públicas en sistemas de vigilancia que no consideran los daños colaterales ni los efectos sobre las libertades civiles.
Además, el almacenamiento centralizado de datos biométricos representa un riesgo de filtraciones, robo de identidad y espionaje, ya que esta información no puede reemplazarse si es sustraída.
Llamado a una moratoria
R3D propone detener el uso de reconocimiento facial en espacios públicos hasta que exista una regulación robusta y con enfoque de derechos humanos. También sugiere auditorías independientes, límites al tratamiento de datos biométricos y el fomento de tecnologías menos invasivas.
Finalmente, el informe plantea abrir un debate público urgente sobre el papel del Estado en la protección de la privacidad frente al avance de estas tecnologías.
El uso del reconocimiento facial en México avanza sin control ni garantías. Aunque se presenta como un avance tecnológico, su despliegue masivo sin regulación representa una amenaza real a los derechos fundamentales. La ciudadanía, organizaciones civiles y autoridades deben abrir el diálogo y exigir límites claros antes de normalizar una vigilancia permanente e invasiva.
