Grupos defensores de los derechos de migrantes presentaron una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump. La denuncia apunta a la falta de acceso a asesoría legal y la violación del debido proceso en el centro de detención Alligator Alcatraz, ubicado en Florida.
El centro, inaugurado recientemente en los Everglades, recluye a migrantes que no solo carecen de representación jurídica, sino que además enfrentan prohibiciones para comunicarse con sus abogados o presentar documentos legales.
Restricciones legales y condiciones precarias
La demanda fue presentada por organizaciones como Florida Keys Immigration, Sanctuary of the South y la ACLU de Florida. Señala que el Gobierno impide las visitas legales y restringe la comunicación confidencial por teléfono o video.
Además, los detenidos enfrentan condiciones de vida “pésimas”. Soportan temperaturas altas, presencia de mosquitos, inundaciones dentro de las carpas y poco acceso a agua potable. También hay reportes de problemas en los sistemas sanitarios, que obligan a los reclusos a desatascar inodoros manualmente.
Alimentación inadecuada y violación de derechos religiosos
Los migrantes también sufren por la calidad de la alimentación y la negación de sus derechos religiosos, según la denuncia. Eunice Cho es la abogada principal del caso y miembro del Proyecto Nacional de Prisiones de ACLU. Calificó al centro como un “oscuro capítulo” en la historia estadounidense y alertó sobre los riesgos de una autoridad sin control.
Infraestructura improvisada y ubicación en zona de riesgo
Construido en solo dos semanas sobre un antiguo aeródromo municipal, el centro de detención se ubica en medio de los Everglades. Está rodeado por un entorno natural hostil, con caimanes y pitones. Se encuentra a 80 kilómetros de Miami, lo que complica el acceso y genera preocupación por la seguridad y el bienestar de los detenidos.
