Un total de aproximadamente 450 presos colombianos que estaban recluidos en cárceles de Ecuador fueron deportados a Colombia por orden del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa. La Cancillería colombiana calificó la medida como “unilateral” y expresó su protesta por la forma en que se realizó el operativo.
Detalles del traslado
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, de los más de 600 expulsados registrados, ya ingresaron al país cerca de 450, mientras que el resto permanece en el puente fronterizo de Rumichaca, principal cruce entre ambos países. La canciller encargada, Rosa Villavicencio, estuvo presente en la frontera para supervisar la llegada de los connacionales y asegurar que se respetaran sus derechos.
De los primeros deportados, al menos 348 tienen antecedentes judiciales. A diferencia de repatriaciones anteriores, en esta ocasión los presos no deberán continuar cumpliendo condena en Colombia y recuperarán su libertad al ingresar, salvo que tengan procesos pendientes con la justicia nacional.
Atención a los deportados
La Cancillería colombiana informó que los deportados recibirán hospedaje, alimentación y transporte hasta sus destinos finales una vez concluido el proceso migratorio. Además, se está trabajando en coordinación con autoridades locales y nacionales para garantizar un ingreso seguro y ordenado.
Reacción de Colombia
El gobierno colombiano expresó su rechazo a la medida tomada sin previo acuerdo, señalando que Ecuador no atendió las solicitudes para establecer un protocolo que garantizara un traslado digno y seguro de los presos. Este gesto fue calificado como “inamistoso” por la Cancillería.
Contexto de la crisis penitenciaria en Ecuador
La violencia en las cárceles ecuatorianas, epicentro de conflictos entre bandas criminales, ha llevado al presidente Noboa a declarar un “conflicto armado interno” para combatir el crimen organizado. En ese marco, el gobierno ecuatoriano inició el año pasado la deportación de presos extranjeros, en su mayoría colombianos y venezolanos, que representan alrededor del 10% de la población carcelaria del país.
