Carlos y Óscar González, dos hermanos mexicanos, fueron víctimas de abusos durante su detención en el centro de arresto para migrantes conocido como ‘Alligator Alcatraz’, ubicado en los Everglades, Florida, a 70 kilómetros de Miami. El lugar, inaugurado el pasado 1 de julio bajo la administración de Donald Trump, ha sido señalado por mantener condiciones inhumanas y trato degradante hacia los migrantes.
Según relató su padre en una conferencia de prensa, los hermanos fueron mantenidos encadenados de pies y manos, incluso estando dentro de jaulas improvisadas. También sufrieron privación de alimentos y permanecieron largos periodos sin acceso adecuado a servicios básicos. El padre calificó de innecesario que las personas estén amarradas si ya se encuentran recluidas, y señaló que sus hijos presentan un alto nivel de estrés emocional y permanecen en estado de shock.
Acciones legales y falta de información
La abogada Andrea Reyes informó que ya colaboran con autoridades mexicanas. Buscan esclarecer los cargos por los que los hermanos fueron detenidos y deportados. Hasta ahora, se sabe que uno de ellos enfrenta un cargo federal en Estados Unidos. Sin embargo, aún no se conocen detalles sobre el caso ni sobre las condiciones de su deportación.
El 22 de julio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que al menos 14 mexicanos se encontraban detenidos en el centro migratorio y aseguró que se realizan gestiones diplomáticas para su pronta repatriación. Los consulados mexicanos están investigando posibles violaciones a los derechos humanos cometidas en el sitio.
Testimonios y denuncias sobre ‘Alligator Alcatraz’
Rafael Collado, migrante cubano de 63 años, describió el centro como una “jaula para perros”. Denunció actos de tortura mental, como la privación del sueño. Por otro lado, familiares de Michael Borrego, otro detenido, lo compararon con un “campo de concentración”. Señalaron el trato inhumano y la falta de condiciones dignas en el lugar.
A estas voces se suma la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que ha exigido el cierre inmediato del centro. El organismo ha solicitado una revisión médica a todos los detenidos, así como el acceso a representación legal. La presión de organismos civiles y familias continúa creciendo frente a lo que consideran una grave crisis de derechos humanos.
