Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia (2002–2010), fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. El fallo fue emitido por la jueza Sandra Heredia del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá y divulgado este viernes.
La decisión judicial también impone una multa de más de 3.400 millones de pesos colombianos (aproximadamente 822 mil dólares) e inhabilita a Uribe por más de ocho años para ejercer derechos y funciones públicas. La sentencia, en primera instancia, convierte al exmandatario de 73 años en el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente.
Detalles del fallo judicial
La lectura del fallo está programada para las 14:00 (hora local) y será realizada por la jueza Heredia, quien ordenó al Centro de Servicios Judiciales de Rionegro (Antioquia) emitir la boleta de encarcelación y trasladar a Uribe a su residencia, donde cumplirá la prisión domiciliaria.
La sentencia consta de más de 1.100 páginas y establece una condena de 144 meses (12 años), resultado de la suma de penas por los delitos cometidos. El soborno en actuación penal fue considerado como el delito base, con una condena inicial de 91 meses, aumentada a 120 meses por la participación de múltiples personas, y luego a 144 meses al agregar el fraude procesal.
Proceso judicial
Este proceso judicial, conocido como el “juicio del siglo” en Colombia, comenzó en 2012. Ese año, el propio Uribe denunció al congresista Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos. Sin embargo, la Corte Suprema no investigó a Cepeda. En cambio, abrió una investigación contra Uribe por intentar influir en testigos que lo vinculaban con grupos paramilitares.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas que fueron consideradas suficientemente sólidas por la jueza, quien declaró culpable al exmandatario por soborno en tres oportunidades y fraude procesal. Uribe fue absuelto del cargo de soborno simple.
Reacciones y próximos pasos
La defensa del expresidente ya anunció que apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá. La condena ha generado un gran impacto en la opinión pública y en el panorama político del país, marcando un precedente judicial en Colombia.
Durante la audiencia, la fiscal del caso, Marlene Orjuela, pidió una pena de nueve años y una multa de 1.025 salarios mínimos. Sin embargo, la jueza Sandra Heredia impuso una condena más alta. Esta decisión ha causado sorpresa y mantiene la expectativa por la lectura completa de los argumentos.
