La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que solicitarán a Estados Unidos la extradición de Sandra Lucía Téllez Nieves, socia propietaria de la Guardería ABC, quien fue detenida recientemente en Arizona. La información fue confirmada durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.
Téllez Nieves fue localizada en el Centro de Detención de Eloy, Arizona. Su detención ocurrió tras ser identificada mediante una ficha roja de Interpol. Está acusada por su responsabilidad en el incendio del 5 de junio de 2009, que causó la muerte de 49 niñas y niños en una estancia infantil de Hermosillo, Sonora.
Extradición en proceso
Claudia Sheinbaum indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores será la encargada de gestionar el proceso. Aunque no se precisó si la solicitud ya fue enviada, la mandataria afirmó que el procedimiento legal debe activarse para que Téllez Nieves cumpla con la sentencia definitiva dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La detención fue reportada por el colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, el cual envió una carta a la presidenta y al fiscal general Alejandro Gertz Manero. En ella exigieron que el Gobierno mexicano solicite su extradición para que enfrente la justicia en territorio nacional.
Apoyo a las víctimas
Sheinbaum reiteró su compromiso con las familias afectadas por la tragedia. Recordó que se ha reunido con varios padres y madres en Sonora, y que otras autoridades federales, como Zoé Robledo (IMSS) y Rosa Icela Rodríguez (SSPC), han mantenido comunicación constante con ellos.
“Siempre estar con las víctimas, siempre”, expresó la presidenta, quien aseguró que se continuará el acompañamiento institucional a las familias.
Caso Guardería ABC
El incendio en la Guardería ABC ocurrió el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora. Comenzó en una bodega de la Secretaría de Hacienda estatal y se propagó al inmueble subrogado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Murieron 49 menores: 25 niñas y 24 niños. Más de 70 resultaron con quemaduras severas. Al menos 39 sufrieron afectaciones orgánicas. La estancia infantil incumplía con normas de seguridad y tenía salidas de emergencia bloqueadas.
Aunque se fincaron responsabilidades a más de 20 exfuncionarios públicos, muchos han fallecido. Los que siguen con vida aún no han recibido sentencia. Actualmente, nadie está en prisión por el caso.
