El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó este lunes la prisión domiciliaria del expresidente Jair Bolsonaro, debido al “reiterado incumplimiento de las medidas cautelares” impuestas en el marco del proceso por su presunta participación en un complot golpista tras su derrota electoral en 2022.
La resolución también prohíbe a Bolsonaro recibir visitas —salvo abogados o personas autorizadas judicialmente— y le impide usar teléfonos celulares, ya sea directamente o mediante terceros. La Policía Federal ya ejecutó la orden, realizando un registro en la residencia del exmandatario y confiscando los dispositivos electrónicos.
Violación por participación en redes sociales
El juez Moraes sustentó la decisión en la reciente participación de Bolsonaro, vía videollamada, en una manifestación en Copacabana (Río de Janeiro), realizada este domingo. Aunque el video fue publicado por su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, y posteriormente eliminado, la Corte Suprema consideró que esto violaba las restricciones impuestas al expresidente.
“Actuando ilegalmente, el acusado Jair Messias Bolsonaro se dirigió a los manifestantes (…) produciendo intencional y conscientemente material para que sus partidarios continuaran sus intentos de coaccionar al Supremo Tribunal Federal y obstruir la justicia”, escribió De Moraes.
La participación fue calificada como “encubierta” y parte de una conducta ilegal, en la que Bolsonaro habría utilizado canales indirectos para difundir mensajes políticos, desafiando directamente a la autoridad judicial.
Acusaciones por tentativa de golpe de Estado
Bolsonaro enfrenta cargos por supuestamente liderar un complot para impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva en enero de 2023. De acuerdo con la Fiscalía, el expresidente habría discutido con altos mandos militares posibles medidas para anular los resultados electorales e incluso atentar contra la vida de Lula.
La situación se agravó tras los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes del Congreso, la Presidencia y el propio Supremo Tribunal Federal, en una acción sin precedentes que buscaba desestabilizar la democracia brasileña.
Reacciones internacionales y sanciones de EE.UU.
La escalada del caso también provocó tensiones diplomáticas. El expresidente estadounidense Donald Trump, cercano a Bolsonaro, impuso un arancel adicional del 50 por ciento a productos brasileños, condicionado al cese de procesos judiciales contra el exmandatario.
Además, el Gobierno de Trump habría retirado visas a ocho de los once ministros del Supremo brasileño y ordenado el bloqueo de los bienes del juez Alexandre de Moraes, en una medida sin precedentes que generó rechazo entre analistas internacionales.
