El expresidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta señalamientos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico por parte de la oposición política y medios mexicanos y estadounidenses. Estos señalamientos se refieren desde campañas electorales pasadas hasta decisiones durante su administración.
La denuncia del PRI, liderada por Alejandro «Alito» Moreno, plantea presentar una investigación en EE.UU. contra López Obrador y varios funcionarios de Morena por posibles lazos con cárteles como el de Sinaloa, el del Noreste y el del Golfo.
Señalamientos clave
Un reportaje de ProPublica (2024) vinculó la campaña de AMLO en 2006 con supuestos financiamientos del narcotráfico, en caso de triunfo ofrecerían protección a la organización. Asimismo, autoridades estadounidenses lo acusaron de omitir acciones contra cárteles o bloquear colaboraciones con agencias como la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés).
El papel del PRI y denuncias internacionales
«Alito» Moreno ha anunciado que la denuncia no solo implicará al expresidente, sino también a gobernadores de Morena como Américo Villarreal (Tamaulipas), Rubén Rocha Moya (Sinaloa) y otros exfuncionarios. Se los acusa de encubrimiento y corrupción en favor de organizaciones criminales.
Además, según el periodista Raymundo Riva Palacio, existen al menos dos investigaciones abiertas sobre AMLO en Brooklyn y Langley, relacionadas con presuntos vínculos con el crimen organizado y posibles implicaciones sobre el caso de Ovidio Guzmán.
Apoyo de voces en EE.UU.
El senador Marco Rubio, figura influyente en el gobierno de Trump, ha sido crítico público de AMLO. Señaló que el expresidente habría favorecido a los cárteles durante su mandato. Se investiga cómo proceder en el país norteamericano para consolidar un caso legal con base; en declaraciones de capos que actualmente cooperan con el gobierno estadounidense.
Además, según ProPublica, la DEA habría investigado a AMLO desde 2011 por supuestos vínculos en su campaña de 2006. La pesquisa fue cerrada ese mismo año por altos mandos del Departamento de Justicia de EE.UU. tras críticas vinculadas al caso “Rápido y Furioso”.
